La CE exige a Montoro que dé toda la información a la Airef

La normativa española que permite al ministerio de Hacienda denegar ciertas informaciones a la Autoridad independiente de responsabilidad fiscal viola el Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza económica de la zona euro aprobado en 2012, según la primera evaluación llevada a cabo por la Comisión Europea.

El informe del organismo comunitario secunda, por tanto, las tesis de la Airef, que desde su creación mantiene un grave conflicto con el ministro Cristóbal Montoro por considerar que su departamento no le facilita toda la información necesaria para verificar la compatibilidad de los Presupuestos Generales con las normas europeas sobre déficit público y deuda pública. El principal punto de conflicto se generó por una orden ministerial de Hacienda publicada en 2015 y que en opinión de la Airef vulnera su “autonomía e independencia” al establecer que las solicitudes de datos de cualquier Administración deberán dirigirse siempre inicialmente a la Central de Información del Ministerio de Hacienda. En el caso de que no reciban respuesta y siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, la Autoridad Fiscal podrá solicitar la información directamente a un ayuntamiento o comunidad autónoma.

Bruselas concluye que las dos normas que restringen la información disponible para la Airef (un Real decreto y una Orden ministerial) violan el Tratado de 2012. La CE reclama a España que revise ambas normas “para que cumplan por completo los principios comunes” previstos en el Tratado.

El Tratado se aprobó a raíz de la crisis del euro a instancias del gobierno alemán de Angela Merkel, que pretendía blindar la estabilidad presupuestaria con una norma del máximo nivel por encima del desacreditado Pacto de Estabilidad para evitar fiascos contables como el de Grecia.

Cuatro años después de su entrada en vigor (el 1 de enero de 2013), la Comisión Europea ha revisado las medidas adoptadas en cada uno de los 22 países que se comprometieron a aplicar el Tratado de Merkel, también conocido como Fiscal Compact. Bruselas concluye que todas los Estados han llevado a cabo “adaptaciones significativas” en su marco fiscal nacional para adaptarse al nuevo Tratado. Pero ha encontrado algunos incumplimientos en países como Bélgica, Grecia, Eslovenia y España.

En España la mayor laguna es la agria relación entre Hacienda y la Airef. Bruselas avala la estructura y la independencia del organismo de vigilancia y considera que está bien dotado de recursos humanos y financieros (con un presupuesto en 2014 de 4,1 millones de euros). Pero Bruselas considera incompatible con el Tratado la normativa española que niega el acceso de la Airef a numerosa documentación interna de la administración (notas, borradores, informes…) y a toda la información que no sea consecuencia de un acto legal o de un requisito regulatorio. “Se puede concluir”, lamenta el informe de la CE, que “esas excepciones dejan la posibilidad de restringir indebidamente el ámbito de información disponible para la Airef”.

Bruselas, en cambio, da el visto bueno a las normas limitan la posibilidad incurrir en déficit de las administraciones públicas, comenzando por la polémica reforma del artículo 135 de la Constitución española, llevada a cabo en agosto de 2011, aún antes de firmarse el Tratado.

La CE cree que las normas españolas son incluso más estrictas que lo contemplado en el Tratado de Estabilidad y en la normativa europea, con unas exigencias de equilibrio estructural más elevadas que a nivel europeo.

Bruselas sólo albergaba una duda, en relación con la salvedad de la norma española en caso de “desastres naturales, severa recesión económica o emergencia extraordinaria”. La CE veía en esa redacción una posibilidad para aumentar discrecionalmente el déficit invocando una amenaza “para la sostenibilidad económica o social” del país. Pero el Gobierno español le ha asegurado que esa cláusula sólo se puede esgrimir en caso de costes presupuestarios excepcionales relacionados directamente “con la supervivencia del Estado y la provisión de servicios mínimos a los ciudadanos”. La explicación de Madrid ha convencido y tranquilizado a Bruselas que da su visto bueno a la normativa española a condición de que se obligue al ministerio de Montoro a dar toda la información necesaria a la Airef.

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Cómo no gestionar una crisis en las redes sociales

Una crisis en las redes sociales suele apagarse, en la mayoría de las ocasiones, a las pocas horas de su comienzo. Si el rifirrafe se alarga más de lo previsto es que algo inusual ha sucedido. Esto es, precisamente, lo que ha ocurrido en el caso de Hero Baby, empresa especializada en nutrición infantil que, en las últimas horas, ha estado en boca de todos, no por sus potitos, sino por un desafortunado tuit publicado el pasado viernes que tardó en ser rectificado tres días. “De todas las cosas que se pueden hacer mal en estas situaciones, esta compañía erró en todas”, explica el director general de Shackleton Buzz&Press, Elvis Santos. “Primero, porque no responden a la pregunta que reciben. Segundo, porque menosprecian a la usuaria”, añade.

El viernes por la tarde, la periodista Samanta Villar, con más de 260.000 seguidores en su cuenta de Twitter, preguntaba a Hero Baby a través de esta red social por qué utilizaban aceite de palma en sus productos. Ese mismo día, la firma había atacado a la comunicadora por unas polémicas declaraciones (“hay un relato único de la maternidad como un estado idílico, que no coincide con la realidad”) con este tuit: “A @samantavillar, acomodada y famosa, sus hijos le hacen ‘perder calidad de vida’. Ánimo Samanta, tus hijos te querrán igual”. A partir de ahí, un aluvión de comentarios y críticas por parte de los usuarios de la red y un silencio de la compañía que duró casi 72 horas. Hasta que ayer la compañía se disculpó con Villar y emitió un comunicado discutiendo los riesgos del aceite de palma.

El principal problema, dentro de una larga lista de errores, es la falta de anticipación que ha demostrado tener la organización en su estrategia. “Las marcas tienen que saber anteponerse a cualquier problema que pueda llegarles, escuchando y recurriendo a estudios de mercado”, argumenta el director general del Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI), Rodrigo Miranda. Toda empresa, en algún momento, va a encontrarse con algún usuario que le pregunte por determinados servicios o productos, “y hay que tener argumentos y capacidad de respuesta preparados ante ellos”, continúa Miranda. Más aún, en casos como el del aceite de palma, un producto polémico del que “es fácil prever que puede traerte problemas”.

Todas las compañías son conscientes de cuáles son las zonas más atacables de su negocio. Por eso, en esas situaciones, la respuesta debe estar escrita y preparada para publicar desde antes de que explote la crisis”, añade Santos. Entre otras razones, esgrime, porque si una réplica debe pasar antes por el departamento comercial, el área jurídica o el equipo de marketing, se pierde un tiempo que, en una crisis, es muy valioso. Santos ejemplifica esta situación con las familias que tienen ibuprofeno siempre en casa: “Es anticiparse a los riesgos más comunes”.

La rapidez de réplica es, de hecho, uno de los puntos que determina el éxito o, en el citado caso, el fracaso en una situación adversa. “No hay que tener tanto miedo a meter la pata, sino a no saber reaccionar”, apunta el fundador de Trecebits.com y autor de Yo también la lie parda en internet, Manuel Moreno, quien explica cómo la bola de nieve se va haciendo cada vez más grande en el trance que hay entre el tuit inicial y la disculpa. “Pasaron tres días de silencio corporativo, sin dar explicación. En todo ese tiempo el problema se viraliza. Por eso es importante hacer un análisis de la situación, ver cuántas personas están hablando de ello y estudiar el perfil de esos usuarios”, recalca.

En el caso de Hero Baby, el problema se hizo más grande debido a la influencia de Villar. No obstante, recuerda el director académico de The Valley Digital Business School, Juan Luis Moreno, “es aconsejable responder en el tono adecuado a todos los usuarios por igual, independientemente del número de seguidores que tengan. Algunas empresas cometen el fallo de contestar de forma más vaga a los internautas con poca influencia. Esto es un error”. Porque, como recalca Rodrigo Miranda, la gente tiene memoria, y en el caso de que haya críticas no justificadas o magnificadas, si una empresa ha tratado bien a sus usuarios a lo largo del tiempo, llegado el momento, estos la defenderán. “Hay que tener presente que la reputación como marca se construye de forma continua, en los momentos dulces, no en situaciones adversas”, recalca.

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Una reforma espinosa, pero necesaria

Entre las grandes asignaturas pendientes que España afrontará este año figura la reforma del sistema de financiación autonómica, una cuestión compleja y políticamente espinosa, pero necesaria. El Gobierno ha reunido para ello a un comité con una veintena de expertos que tendrán su primer encuentro mañana y en el que están representadas todas las autonomías de régimen común, a excepción de Cataluña, que ha renunciado a estarlo, y de Navarra y el País Vasco, que tienen su propio régimen foral. Cuatro de los expertos de ese comité han participado en la redacción de un informe elaborado por la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización (Rifde), que concluye que la reforma del sistema debe incluir necesariamente al País Vasco y Navarra en los mecanismos de solidaridad interterritorial. La propuesta de los académicos consultados en el informe es optar por un modelo que respete las particularidades forales que reconoce la Constitución a ambos territorios, pero que incluya una revisión del cálculo de cupo –lo que cada comunidad aporta a la caja común– de modo que tanto País Vasco como Navarra realicen una mayor aportación. Como reconocen los propios expertos, ambas cuentan con unos recursos por habitante que duplican a muchas de las otras comunidades autónomas. Además, las dos disfrutan de una amplia autonomía fiscal, recaudan sus propios impuestos y ceden, en una negociación bilateral, una parte de los ingresos a la Administración central.

Pese a las grietas que el sistema de financiación autonómico ha ido evidenciando a lo largo de los años, buena parte de ellas fruto del diseño asimétrico e improvisado del modelo de descentralización territorial y financiera adoptado por España, el Gobierno no parece demasiado dispuesto a abrir el debate sobre cómo revisar el papel de las autonomías forales en los mecanismos de solidaridad, más aún cuando es probable que el Ejecutivo necesite del apoyo del PNV para sacar adelante los Presupuestos.

No es la única cuestión difícil de plantear políticamente. Como coinciden también los expertos de Rifde, la reforma del modelo de financiación debe ser respetuosa con las prerrogativas reconocidas constitucionalmente, pero también valiente. Ello incluye renunciar a tentaciones, como la de intentar neutralizar el independentismo catalán con la concesión a la comunidad de un modelo similar al vasco. También exige abordar cuestiones que a buen seguro generarán resistencia. Es el caso de eliminar la denominada cláusula de statu quo, que garantiza que, aun en caso de modificar el modelo, ninguna comunidad recibirá menos recursos de los que tenía. Se trata de blindaje de oro que resulta insostenible en un país que no solo ha dejado atrás una dura crisis económica, sino que está obligado a acatar una severa disciplina fiscal como miembro del club del euro.

 

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