Una reforma espinosa, pero necesaria

Entre las grandes asignaturas pendientes que España afrontará este año figura la reforma del sistema de financiación autonómica, una cuestión compleja y políticamente espinosa, pero necesaria. El Gobierno ha reunido para ello a un comité con una veintena de expertos que tendrán su primer encuentro mañana y en el que están representadas todas las autonomías de régimen común, a excepción de Cataluña, que ha renunciado a estarlo, y de Navarra y el País Vasco, que tienen su propio régimen foral. Cuatro de los expertos de ese comité han participado en la redacción de un informe elaborado por la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización (Rifde), que concluye que la reforma del sistema debe incluir necesariamente al País Vasco y Navarra en los mecanismos de solidaridad interterritorial. La propuesta de los académicos consultados en el informe es optar por un modelo que respete las particularidades forales que reconoce la Constitución a ambos territorios, pero que incluya una revisión del cálculo de cupo –lo que cada comunidad aporta a la caja común– de modo que tanto País Vasco como Navarra realicen una mayor aportación. Como reconocen los propios expertos, ambas cuentan con unos recursos por habitante que duplican a muchas de las otras comunidades autónomas. Además, las dos disfrutan de una amplia autonomía fiscal, recaudan sus propios impuestos y ceden, en una negociación bilateral, una parte de los ingresos a la Administración central.

Pese a las grietas que el sistema de financiación autonómico ha ido evidenciando a lo largo de los años, buena parte de ellas fruto del diseño asimétrico e improvisado del modelo de descentralización territorial y financiera adoptado por España, el Gobierno no parece demasiado dispuesto a abrir el debate sobre cómo revisar el papel de las autonomías forales en los mecanismos de solidaridad, más aún cuando es probable que el Ejecutivo necesite del apoyo del PNV para sacar adelante los Presupuestos.

No es la única cuestión difícil de plantear políticamente. Como coinciden también los expertos de Rifde, la reforma del modelo de financiación debe ser respetuosa con las prerrogativas reconocidas constitucionalmente, pero también valiente. Ello incluye renunciar a tentaciones, como la de intentar neutralizar el independentismo catalán con la concesión a la comunidad de un modelo similar al vasco. También exige abordar cuestiones que a buen seguro generarán resistencia. Es el caso de eliminar la denominada cláusula de statu quo, que garantiza que, aun en caso de modificar el modelo, ninguna comunidad recibirá menos recursos de los que tenía. Se trata de blindaje de oro que resulta insostenible en un país que no solo ha dejado atrás una dura crisis económica, sino que está obligado a acatar una severa disciplina fiscal como miembro del club del euro.

 

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El Banco de España hará un informe sobre la crisis

El Banco de España ha comunicado que su comisión ejecutiva ha acordado, en su reunión de hoy, la elaboración de un informe detallado sobre la crisis financiera y bancaria que se produjo en España a
partir de 2008. El informe analizará “sus causas, desarrollo y resolución, con especial atención a la actuación del Banco de España en la misma”, según recoge el comunicado.

En la elaboración de este informe participarán la Dirección General de Supervisión, la Dirección General de Economía y Estadística, la Dirección General de Estabilidad Financiera y Resolución y la Secretaría General.

Antes de su publicación, el informe será presentado al Consejo de Gobierno en la última
semana del mes de abril. A petición del gobernador, Luis María Linde, el consejero del Banco de España Fernando Eguidazu Palacios será quien coordine y supervise la redacción del informe.

La iniciativa de redactar este informe surge después de que la Audiencia Nacional haya decidido imputar a la máxima ejecutiva del banco de España con motivo de la salida a Bolsa en 2011 de Bankia, lo que incluye al entonces gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez y al entonces subgobernador Fernando Restoy. 

La investigación de la Audiencia Nacional también incluye a tres altos cargos del Banco de España que aún estaban al frente de las tareas de supervisión y que presentaron su dimisión el mismo día en que se conoció la imputación. Se trata del director general de supervisión del Banco de España, Mariano Herrera, su número dos, Pedro Comín, y el inspector Pedro González.

La comisión ejecutiva del Banco de España ya salió la semana pasada en defensa de los altos responsables de la institución imputados y manifestó que su actuación “se ajustó, en todo momento, al cumplimiento de la normativa, a la defensa de la estabilidad financiera y al interés general”. 

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Modelo 720: los casos por los que la UE denuncia a España

Para Hacienda, se trata de la medida contra el fraude fiscal más poderosa que jamás ha existido. Para colectivos de asesores fiscales, es una muestra de los excesos que comete la Agencia Tributaria amparándose en la lucha contra la evasión fiscal. Estas son las dos visiones del llamado modelo 720, que desde 2012 obliga a los contribuyentes con rentas o bienes en el exterior que superen los 50.000 euros a presentar una declaración informativa. El conflicto no deriva de la exigencia en sí, sino del duro régimen sancionador que lo acompaña.

El hecho de no presentar la declaración, cuando se tiene la obligación de hacerlo, supone una sanción de 5.000 euros por cada dato omitido con un mínimo de 10.000 euros. Cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo, la multa será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma cuenta, con un mínimo de 1.500 euros. Aunque la parte más polémica del régimen sancionador es que contempla una suerte de imprescriptibilidad fiscal. Ello es así porque si un contribuyente no declara sus bienes en el extranjero –o incluso si los declara fuera de plazo– la Agencia Tributaria imputará los bienes como una ganancia patrimonial no justificada en el último período entre los no prescritos e impondrá una sanción del 150%.

El abogado del despacho DMS Consulting, Alejandro del Campo, junto con otros profesionales llevó el modelo 720 a la Comisión Europea. Del Campo remitió un dossier con casos reales para demostrar lo que, en su opinión, era un régimen sancionador excesivo. La Comisión Europea abrió un expediente sancionador a España en noviembre y la semana pasada envió un dictamen motivado en el que insta a España a modificar el régimen sancionador que, en opinión de los técnicos comunitarios, “es desproporcionado”. Y añaden que las multas vinculadas a la obligación de declarar bienes en el extranjero son mucho más elevadas que las aplicadas en un contexto puramente nacional. Presentar fuera de plazo la declaración informativa del 720 o con algún error puede suponer rápidamente multas de miles de euros, algo impensable en cualquier otro formulario tributario. Falta por conocer si Bruselas también se opone a la imprescriptibilidad derivada del régimen sancionador, un aspecto que no queda claro en la nota que publicó. Fuentes de la Administración lamentan que Bruselas expediente a España por las medidas de la lucha contra el fraude fiscal. En cambio, los profesionales que han denunciado el caso aplauden que sus argumentos hayan prevalecido. Si Hacienda no modifica la norma, el caso acabará en el Tribunal Superior de Justicia de la UE. Estos son algunos de los expedientes que Del Campo llevó a Bruselas para demostrar que el régimen sancionador resultaba excesivo.

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