El comercio carga contra el límite de pagos en efectivo

El sector comercial en España acumula un nuevo desencuentro con el Ministerio de Hacienda. La semana pasada, el anuncio de un gravamen a las bebidas azucaradas y el aumento de los impuestos especiales al alcohol y el tabaco pusieron a todas las patronales en su contra. La próxima reducción del límite de pago en efectivo a 1.000 euros será una nueva traba en las relaciones.

El Ministerio que dirige Cristóbal Montoro prepara para “los próximos días” un paquete de medidas para reducir el fraude fiscal que incluirá la reducción de 2.500 a 1.000 euros en el límite de pago en efectivo. Una medida que, según critican la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) y la Confederación Española de Comercio (CEC) “supone una nueva barrera al consumo”.

Así, el rechazo a esta medida a unido al gran y al pequeño comercio. Todavía no se conoce la letra pequeña de esta reducción del límite para los pagos ni cuándo llegará a aplicarse, pero desde la CEC se considera que puede afectar a la recuperación del consumo que se ha visto en el último par de años. “La mejora es muy frágil y hemos visto en octubre el menor crecimiento desde noviembre de 2014, estas medidas pueden afectar al consumo”, señalan desde la confederación.

La organización del pequeño y mediano comercio también alerta sobre el posible impacto negativo que tenga en un mercado en auge como es el del turismo de compras, una fuente de ingresos más que relevante en zonas turísticas. La CEC defiende que esta medida dificultará el pago por parte del comprador, especialmente en el segmento lujo, en el caso de querer pagar en efectivo.

El consumidor, bajo sospecha

Así, las dos patronales, que en otros casos han caminado separadas, se han unido en un rechazo frontal a esta medida ya que además de su posible impacto en el consumo en España, supondría “poner bajo sospecha a cualquier consumidor” que realice compras por más de 1.000 euros. “Parece desproporcionado implantar un límite tan bajo para las operaciones en efectivo”, señalaron sendas organizaciones en un comunicado conjunto. “Convendría actuar directamente sobre las fuentes del fraude y la economía sumergida, que son reconocibles, en lugar de poner trabas a los hogares y las empresas con nuevos impuestos”, concluía el escrito.

Las intenciones de Hacienda de incluir esta medida en el paquete de propuestas para luchar contra el fraude se hicieron notorias la semana pasada y su aprobación se previó en un primer momento para el consejo de ministros del pasado viernes. Este hecho hizo aumentar las alarmas de un sector que temió por el impacto que habría tenido en plena campaña navideña. Se desconoce si finalmente la tramitación afectará a este periodo pero desde la CEC advierten: “lo rechazaremos ahora y dentro de seis meses”.

Por último, los comerciantes critican de esta medida que va a provocar “nuevos costes” a su actividad, al “establecer el carácter obligatorio” de disponer con una tarjeta de pago. “Supone una barrera al consumo y un nuevo coste de transacción”, aseguran.

Sección Empresas | Cinco Días

La AiREF cree “probable” que España baje el déficit al 4,6% del PIB

El cierre del año presupuestario no va a ser un dolor de muelas para el Ejecutivo. Este año parece poco probable que suceda lo que ha ocurrido otros ejercicios, en el que las facturas impagadas y los gastos sin declarar afloran en el último trimestre, elevando de forma exponencial el déficit público. El Gobierno presentó el viernes el cuadro macroeconómico, en el que todas las variables apuntan a que cumplirá el objetivo de déficit marcado por Bruselas para este año (4,6%), y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) hizo público el informe sobre el seguimiento de la ejecución presupuestaria en el tercer trimestre, cuya principal conclusión es que considera “probable” alcanzar esa meta.

Para la realización de esas previsiones, los técnicos de AIReF realizan 1.500 escenarios sobre la evolución del cumplimiento del objetivo de déficit estableciendo un escenario central, denominado factible. Por encima de este sitúan otras dos posibilidades (probable o muy probable) siempre y cuando el número de escenarios que apuntan a un mayor rigor fiscal sea superior al que presentan números peores. Por debajo del escenario factible aparecen improbable o muy improbable, como consecuencia de que en los cálculos haya más escenarios de incumplimiento que de cumplimiento.

El resultado para este año apunta a que el objetivo de déficit del 4,6% para el conjunto de las administraciones públicas es probable. El punto adicional que la Comisión otorgó a España (repartido entre las seis décimas de margen de la Seguridad Social y las cuatro de la Administración Central) ha sido decisivo para este nuevo veredicto de este organismo, ya que con el anterior límite del 3,6% tildaba de “improbable” el cumplimiento.

Los resultados de la evaluación entre los distintos niveles de administración muestran que la Seguridad Social y las entidades locales cumplirán el nuevo objetivo (-1,7% del PIB y equilibrio presupuestario) mientras que el escenario central que manejan para la Administración Central refleja un desvío de una décima (del 2,2% exigido al 2,3% previsto), mientras que para las comunidades autónomas augura una brecha de dos décimas (del 0,7% exigido al 0,9% estimado). En el primer caso, la autoridad remarca que existen incertidumbres sobre la recaudación prevista para el adelanto del pago fraccionado en el impuesto de Sociedades así como las distintas excepciones que se han ido aplicando sobre el cierre del gasto decretado a mediados de año. La AIReF detecta que el agujero generado en las arcas públicas por la rebaja del IRPF “ha tenido un efecto superior al inicialmente previsto”.

En cuanto a las autonomías, el desvío se ha producido por dos factores: la pérdida de fondos procedentes de la Comisión Europa como consecuencia de la lentitud en la tramitación de los mismos y una ejecución presupuestaria que no ha sido como la prevista inicialmente, tanto en gastos como e ingresos. El informe apunta como muy probable que el déficit sea superior al 0,7% previsto en ocho comunidades autónomas (Extremadura, Murcia, cantabria, Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha y Castilla y León), mientras que es muy probable que lo alcancen en Canarias, Navarra, La Rioja, Galicia y Baleares. Navarra y Baleares han sido las autonomías que han visto mejoradas sus previsiones de cierre. En el otro lado, las que han cambiado a peor han sido Castilla y León, Madrid y Andalucía, como consecuencia de un crecimiento del gasto más elevado del previsto y un aumento menor de los ingresos.

El informe prevé que las corporaciones locales volverán a tener superávit (0,4% del PIB), una décima por debajo del registrado doce meses antes.

Sección Economía | Cinco Días

Drones, una industria creciente pero muy atomizada

Los drones empiezan a jugar un papel cada vez más protagonista en la economía y los procesos productivos. Las compañías han comenzado a incorporarlos en su cadena de valor, conscientes de las oportunidades que abren en múltiples industrias como la agricultura, las infraestructuras, la seguridad o la logística, lo que ha hecho que el número de empresas dedicadas a operar estas aeronaves no tripuladas no deje de crecer. En España ya suman 1.830, según datos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, pero la industria de los drones en el país es aún extremadamente fragmentada y volátil; de fuerte crecimiento en número de empresas, pero aún muy inmadura.

Según revela el primer barómetro del sector de los drones elaborado por el portal ToDrone a partir de encuestas llevadas a cabo entre más de 400 empresas y profesionales de la industria, el 93% de los operadores son pymes y autónomos y el 75% lleva en el mercado menos de tres años y uno de cada tres aún no ha cumplido un año de vida.

El estudio también muestra que nueve de cada diez operadores realizan menos de 50 trabajos aéreos al año y señala que el reducido tamaño de los operadores supone una limitación en la capacidad del sector para llevar a cabo trabajos de mayor envergadura y de crecer, al menos, en el corto plazo, pues el 85,6% de las empresas del sector tiene solo entre uno y cinco empleados. “Posiblemente veamos consolidación de los players en el medio plazo para buscar volumen y poder hacer frente a proyectos de mayor tamaño”, destaca el informe.

En la misma línea, y como muestra de la citada fragmentación y escasa dimensión del sector, el 60% de los operadores tiene presencia a nivel regional, mientras que sólo el 40% de los operadores ofrece cobertura en todo el territorio. Esta aproximación local puede ser un reto en la búsqueda de volumen de negocio y de posibles alianzas que permitan una cobertura más amplia. De hecho, todavía son minoría (17%) las compañías que operan en el extranjero.

Bertrand Isnard, presidente de Parrot Iberia, asegura que en España el mercado de los drones crece más de un 30%, aunque en otros mercados europeos se dan tasas de crecimiento del 60% y 80%. “Esto quiere decir que hay mercado para bastantes actores, pero también habrá una selección. Se mantendrán los que logren tener una buena relación calidad-precio, porque los precios tienden a la baja”, dice Isnard, que cuenta que el mercadode drones profesional “es muy joven y está tomando forma”.

Respecto a las áreas de negocio, en España la industria audiovisual/ocio se configura hoy como el principal usuario de esta tecnología (46%), que se emplea fundamentalmente para mejorar la oferta de producción de vídeo y fotografía. Le siguen los sectores de infraestructuras/minería y agricultura/medioambiente, con un 17% y un 14,5% del total, si bien, según los encuestados, son los que realizan mayores inversiones y los de mayor potencial. “A medida que el mercado madure, se profesionalice y se abarate la tecnología, parece razonable suponer que la presencia de operadores en otras áreas cambie esta distribución de manera importante”, apunta Javier Galera, fundador de ToDrone.

Sección Tecnología | Cinco Días