China, ruta prometedora para el sector legal

Hay un proverbio chino que dice: “Quien trabaja solo irá más rápido, pero quien trabaja en equipo llegará más lejos”. Esta filosofía también impregna a un sector legal español en el que, cada vez más, el interés por China gana relevancia. Y viceversa.

Como a otras muchas realidades económicas y sociales, China es una recién llegada al mercado de los servicios jurídicos, cuyo nacimiento podríamos situar en 1979 con la implantación de las primeras medidas reformistas del Gobierno de Deng Xiaoping. Pero su progresión y desarrollo discurre en paralelo a la internacionalización de su economía. En el año 2001 se autorizó el establecimiento de bufetes extranjeros en China, aunque su capacidad de actuación ha estado restringida y sometida a grandes controles. Los avances en la liberalización económica de los últimos años han permitido, limitadamente, una actuación menos encorsetada a los despachos extranjeros en algunas zonas de regulación especiales, como la zona piloto de libre comercio de Shanghái.

Según datos ofrecidos por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), en 1979 existían 212 abogados en el país asiático, que se han convertido en unos 230.000 letrados ejercientes en 2016. Con la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio (OMC), en 2001, su sector legal creció en progresión geométrica y hoy, entre los primeros despachos del mundo en número de abogados se encuentran firmas como Dentons Dacheng –fruto de una fusión internacional realizada en 2015–, que opera en más de 50 países, incluido España, y que cuenta con cerca de 4.000 abogados.

En la actualidad hay un gran número de firmas españolas presentes en China, algunas con más de una década de experiencia, como Garrigues y Roca Junyent, instalados en 2005 primero en Shanghái, o Cortizo Abogados (2006) en Beijing. En octubre de 2013, el CGAE y el Instituto de Comercio Exterior (Icex) reunieron a 14 firmas españolas con 53 despachos de abogados chinos en Hong Kong y Shanghái, en un evento dedicado a explorar las posibilidades de colaboración en el ámbito de la práctica legal.

Josep Herrero, hoy a la cabeza del China Desk de Roca Junyent y primer abogado ibérico en establecerse en el país asiático en 2002, confirma que “el sector legal chino se ha desarrollado exageradamente en los últimos años, con crecimientos de dos dígitos y expansión internacional”, pero que mantiene una evolución estandarizada producto de que, a diferencia de otros sectores económicos, los socios mayoritariamente se han formado en el extranjero.

En cuanto a su expansión, explica Herrero, los grandes despachos chinos han mirado prioritariamente a EE UU, Reino Unido o Canadá, donde, mayoritariamente, se han formado sus responsables y donde “la asociación entre formación y potencialidad de negocio es una realidad, lo que hasta ahora no se ha explotado en España”.

El crecimiento acelerado del sector legal chino se traduce también, explica Herrero, en que sus despachos empiezan a ser muy activos en las alianzas o foros internacionales, como la Unión Internacional de Abogados (UIA), que entienden como “plataformas de proyección para futu_ras alianzas estratégicas o partenariados”.

A pesar de esta evolución, reconoce el responsable del China Desk de Roca Junyent que aún “no ha calado ninguna gran operación cross border para abordar de forma conjunta”. En todo caso, Herrero da por seguro que “está próximo el momento en que, desde despachos locales chinos, se busquen alianzas con despachos españoles para materializar operaciones”. Este cambio de tendencia se manifiesta en síntomas, afirma Herrero, como que “hace unos años éramos nosotros los que impulsábamos encuentros con bufetes chinos. Ahora son ellos los que vienen a vernos con regularidad”.

  • Diferencias

Cortizo Abogados fue pionero entre las pequeñas firmas legales en instalarse en China, hace ahora diez años. Su socio director, y también vicepresidente de cátedra china, Víctor Cortizo, descarta, por su parte, que exista un interés especial del sector legal chino en instalarse directamente en España porque “no les hace falta”, ya que pueden gestionar sus intereses “con otras fórmulas de asociación”.

Una característica particular de la relación legal hispano-china, según Cortizo, es que “el despacho chino hace un seguimiento muy meticuloso de lo que hace el despacho español”, hasta el punto de que la relación del español con el cliente “no suele materializarse hasta la última instancia o en fases muy avanzadas de la negociación”.

En cuanto a las áreas de negocio legal más requeridas, Víctor Cortizo destaca la del asesoramiento general sobre inversiones, lo que define como “participación local en procesos de due diligence” y las relacionadas con el real state o inversión inmobiliaria.

También sitúa como uno de los grandes espacios de crecimiento del negocio jurídico entre España y China la “representación de intereses” de compañías interesadas en licencias o adquisición de derechos en España. Las empresas chinas no están interesadas tanto en comprar o invertir directamente, como en obtener licencias o aplicaciones para el desarrollo del negocio en China, comenta Víctor Cortizo, “y en esa negociación es donde los abogados españoles tenemos un atractivo campo de oferta de servicios”.

Entre las dificultades, destaca que “en España no se valora y no se paga el trabajo y el know how del abogado que conoce la mecánica de la negociación con el inversor chino, lo que hace que fracasen muchas inversiones, al no asumir, por la parte española, el coste de un asesoramiento legal especializado en estos procesos”.

Una dirección diferente a la mera asociación o partenariado es la que tomaron en junio de 2014 Adarve Abogados y Yingke Law Firm, sellando un acuerdo de exclusividad por el cual el despacho español pasó a denominarse Yingke Adarve Law Firm para todas las operaciones relacionadas con la alianza. El socio director de Adarve Abogados (bufete especializado en derecho de los negocios e internacionalización), Juan José García, se muestra totalmente satisfecho de su asociación con el bufete chino, el segundo por número de abogados en el país asiático

  • Tácticas

“La diferencia de tamaño no ha sido un problema. Al contrario, es lo que fortalece nuestra alianza”, asegura Juan José García, ya que Yinke sigue, dice, el ya clásico aforismo “piensa en global, actúa en local”. Gracias a este acuerdo, Yingke Adarve Law Firm, por ejemplo, asesoró a la delegación de más de 300 empresas chinas que acudieron a la Feria Internacional de Ingredientes Farmacéuticos CPhI Worldwide, la más importante del sector en el mundo, que se celebró en Madrid en 2015. Destaca este abogado que, “una vez alcanzado el acuerdo con un despacho chino, se establecen con vínculos de total confianza. Los chinos son un socio muy leal”, lo que favorece la generación de espacios comunes de negocio y multiplica las sinergias.

Tampoco cree Juan José García que exista un especial interés del sector legal chino en establecerse en España mediante compra o participación de cuota de bufetes españoles, ya que “el mercado legal español, como el resto de nuestros sectores económicos, no deja de ser pequeño para las inversiones chinas”.

El socio director de Adarve Abogados considera que, “aunque están creciendo las inversiones, todavía están lejos de las que se realizan en otros países como Alemania, Francia o Italia”. Según datos del informe Inversión china en Europa 2015-2016, elaborado por el Esade China Europe Club, la inversión del país asiático en España fue de 610,3 millones de euros en 2014 y de un total de 1.670 millones de euros desde que existen registros (1993). Al contrario, la inversión española en China fue de 1.258 millones solo en el periodo 2010-2014, según refleja el mismo informe.

  • Cómo triunfar

Para Juan José García la clave de que un pequeño despacho español se convierta en la marca de uno de los más grandes despachos del mundo está en haber sabido “tocar piel”, lo que define como “establecer un espacio confortable para la colaboración y asumir valores comunes, como el deseo de evolucionar y dejar fluir los proyectos”. Esta sintonía ha permitido a Adarve Abogados formar parte del comité internacional de la firma.

Para el futuro inmediato, García cree que la consultoría estratégica tendrá “un papel relevante en el desarrollo del sector legal entre España y China”, dado que es muy demandado. En donde queda mucho por hacer, confiesa el letrado, es en la interiorización del derecho preventivo, extraño a la cultura jurídica china. Esto produce, en su opinión, situaciones inhabituales y problemáticas en la práctica jurídica, como “solicitar asesoramiento para una venta y después pedir que lleves un pleito contra el comprador, sin haber requerido tus servicios para la gestión o revisión del contrato”.

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Los despachos, prudentes ante el ‘brexit’

El 23 de junio, el fantasma del brexit –la salida de Reino Unido de la Unión Europea–, que venía recorriendo Europa inquietando a la economía global, se materializó en forma de referéndum y los británicos, contra pronóstico, decidieron tomar la puerta de salida, provocando una tormenta que hizo caer a la libra esterlina a su nivel de cambio más bajo desde 1985 y el desplome de los mercados bursátiles de todo el mundo (el Ibex 35 registró el 24 de junio la mayor caída de su historia, dejándose un 12,35%). Los despachos de abogados han desplegado, algunos anticipándose desde hace meses, estrategias de respuesta, tanto para su organización interna como para los servicios que les demandan sus clientes, y están articulando medidas para hacer que esta novedosa situación (es la primera vez que un miembro de la Unión Europea decide abandonar el club), no pase una gravosa factura a sus intereses y los de sus representados.

Aunque la preocupación en el sector legal es generalizada, se siente de forma más cercana en las firmas de dimensión global y en las que operan en España, pero tienen matriz británica.

El pasado 11 de julio, el despacho Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, uno de los que encabezan el sector legal en España, facturando 265,7 millones de euros en 2015, convocó en su sede de Madrid una jornada informativa sobre el brexit. En el encuentro se constató que, si bien pertenecer a la Unión Europea es una situación jurídica perfectamente definida, lo que suceda al salir de ella genera incertidumbre. Andrew Ward, socio de Cuatrecasas en Madrid, señaló que “que no sabemos ni cuándo ni en qué dirección cambiarán las cosas”, lo que produce “una situación inédita y jurídicamente muy interesante”.

En el despacho dirigido por Rafael Fontana vienen trabajando desde meses antes del referéndum en un grupo de estudio, explica Andrew Ward, en el que participan socios de diferentes áreas, como la financiera o la fiscal, que mantiene un contacto constante con la oficina londinense del despacho.

Reconoce Ward que los efectos del referéndum británico ya empiezan a sentirse, a pesar de lo cercano de la decisión, y que han recibido un especial interés “o preocupación” desde corporaciones estadounidenses o de fondos no comunitarios, “que preguntan por las ventajas de Madrid como alternativa a Londres”. En todo caso, desde el punto de vista de las empresas españolas, dice el socio de Cuatrecasas, el sector más interesado es el financiero, “que puede correr un mayor riesgo por ser un mercado altamente regulado y en el que poder utilizar el pasaporte comunitario es trascendental”.

Otro de los aspectos en los que ya están actuando es “la revisión de los contratos y el replanteamiento de operaciones”, a petición de sus clientes, aunque de cualquier forma, “pasado el primer shock, es el momento de la prudencia”. Queda un prolongado proceso en el que habrá muchos altibajos, sin dejar de reconocer que “lo último que quiere un inversor es no saber dónde se estará en un plazo de 10 o 15 años”.

Otro despacho que lleva tiempo trabajando en el tema es el bufete, con sede principal en Londres, Hogan Lovells. El socio director de su oficina de Madrid, Lucas Osorio, reconoce una “vorágine de actividad en los bufetes, un aluvión de acciones e iniciativas que contrasta con la realidad de que aún no ha pasado nada”

La política de Hogan Lovells, especialistas en relaciones lobistas y Derecho público comunitario y británico, es “ser muy activos, pero no atosigar”, afirma Osorio, explicando que hace ya 18 meses se creó en el despacho un grupo de trabajo liderado desde Londres y con representación de las oficinas de Madrid, Bruselas, Fráncfort o París, “con el objetivo de interiorizar y curtirse en la situación”. Este trabajo previo, explica, les permitió ser los primeros en lanzar una comunicación a las pocas horas del referendo y en poder generar resúmenes informativos para sus clientes constantemente.

La recomendación de Osorio es “crear grupos de trabajo interno que aborden materias como contratos, fiscalidad o estrategia de negocio, hacer un seguimiento de los movimientos e incorporar a consejeros externos para poder radiografiar los escenarios cambiantes”. Advierte, eso sí, que los cambios que se produzcan no van a tener efectos individualizados y, por ello, será crucial “buscar aliados cercanos (patronales, instituciones, etc.) en el ámbito local y en el comunitario”. Además, añade, acercarse a los lobbys comunitarios es una actitud acertada.

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El retiro de los abogados, ¿mutualistas o autónomos?

El dicho popular que mantiene que en casa del herrero, cuchillo de palo, rige también en la abogacía, profesionales expertos en asesorar a sus clientes pero, quizá, más laxos en cuidar de sus propios intereses. Como reconoce el recientemente elegido presidente de la Mutualidad de la Abogacía, Enrique Sanz Fernández-Lomana, “los abogados tardan en jubilarse porque, frecuentemente, no han tenido la precaución de asegurar convenientemente su futuro”.

A diferencia de otros profesionales, son diversas las opciones que los abogados pueden escoger para, concluida su vida laboral, poder garantizar sus ingresos. En general, los profesionales que desarrollan su actividad de forma independiente se inscriben en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (RETA), pero en el caso de los abogados –y otras profesiones colegiadas– existe una alternativa que son las mutualidades: la Mutualidad de la Abogacía que es la de mayor volumen de negocio –maneja, según sus datos, 5.600 millones de euros de ahorros y unos activos con valor de mercado de 7.219 millones de euros– e implantación territorial, formada por más de 192.000 mutualistas, y Altermutua, que con 175 años de historia y operando desde 2009 en el conjunto del Estado, tiene una especial implantación en Cataluña, contando con 25.000 asegurados.

Las mutualidades son asociaciones sin ánimo de lucro, cuyos miembros aportan una cuota periódica con la que se financian prestaciones, particularmente, sustituir las coberturas que ofrece la Seguridad Social a los autónomos, como son la jubilación o la incapacidad laboral transitoria.

Para los que se incorporan al ejercicio profesional de la abogacía, acogerse al RETA o a una mutualidad es una decisión trascendente que requiere, al menos, una valoración fundamentada, ya que las normas de la Seguridad Social establecen que quienes se incorporen al régimen de autónomos perderán su derecho a acogerse al sistema mutualista en un momento posterior. Una decisión sin vuelta atrás, aunque sí podrán suscribirse a las mutualidades como sistema complementario o de ahorro.

Siendo de esta importancia la cuestión, ¿cómo elegir que es lo más conveniente? Evidentemente no hay soluciones generales, máxime en tiempos de evolución y cambio como los presentes, pero una primera recomendación es, sin duda, comparar coberturas y prestaciones. Las entidades mutualistas ofrecen altos grados de solvencia y coberturas que no están incluidas en la Seguridad Social.

Así, la Mutualidad de la Abogacía permite compatibilizar la percepción de la pensión con el mantenimiento del ejercicio profesional: el Tribunal Supremo estableció que no se puede percibir pensión de jubilación en el RETA y mantenerse en el ejercicio profesional de la abogacía. Por su parte, Altermutua ofrece subsidiar en la incapacidad transitoria el cuidado de los hijos menores afectados por cáncer o enfermedad grave y otras prestaciones, inhabituales en sistemas alternativos, como la posibilidad de acceder a la “media baja” en procesos de convalecencia o rehabilitación, fórmula que se adapta a las específicas particularidades del ejercicio de la abogacía.

En todo caso, lo que sí es un elemento diferenciador del sistema mutualista es su nivel de solvencia en relación las exigencias del regulador, concretamente el 245% en el caso de Altermutua y el 269% en el de la Mutualidad. También en la rentabilidad están muy lejos de los índices que, actualmente, ofrecen la mayoría de los planes de previsión privados. Según la información aportada por el Ministerio de Economía y Competitividad, la rentabilidad media ponderada de los planes de pensiones del sistema individual en 2015 fue del 1,22%, mientras que en el caso de la Mutualidad de la Abogacía, en el mismo periodo la rentabilidad ofrecida fue del 5,20%.

Las mutualidades ofrecen la posibilidad, a los ya incorporados como autónomos al sistema de la Seguridad Social, de inscribirse en planes complementarios que mejoren sus prestaciones a la hora de su jubilación.

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