4 años de cárcel al militar que estafaba a empresas

Pocos en el Ejército han disfrutado tanto del rancho como el brigada responsable de abastecer de alimentos al Cuartel General del Ejército a mediados de los años 2000. Y no fue comiendo. El Tribunal Supremo acaba de condenarle a cuatro años de prisión por estafar 1,1 millones de euros a varias empresas proveedoras de comestibles.

Viandas para un rancho que también tiene los visos de llegar a ser uno de los más caros del Ejército, pues el Ministerio de Defensa ha sido condenado como responsable civil subsidiario de compensar a las empresas afectadas.

En concreto, el Alto Tribunal impone que se abonen 836.424 euros a Gallega de Alimentación S.A. (Galsa); 99.077 euros a Cooperativas Ourensanas SCG; 56.034 euros a Novafrigsa S.A. y 36.542 euros a Industrias Frigoríficas del Louro S.A. (Frigolouro).

La sentencia estima los recursos de las acusaciones, ejercidas por las empresas perjudicadas, y reconoce El fallo reconoce el derecho de los perjudicados a cobrar las cantidades anteriores con los intereses moratorios desde la fecha de la interposición de la querella.

El fallo también condena a una segunda persona, aquella que puso en contacto al militar con las empresas afectadas, a quien se imponen tres años de cárcel y una multa de 4.320 euros.

El brigada, destinado a la sede del Regimiento Inmemorial del Rey en el Cuartel General del Ejército contactó en 2003 con el comercial de las empresas negociando con ellas el suministro de comestibles a precios asequibles como para alimentar a 1.500 militares de las dependencias.

Las entregas de productos cárnicos se sucedieron con normalidad a partir de ahí, entre mediados de octubre de 2003 y el 7 de enero de 2005, cuando las empresas cobraron por su servicio al Ministerio de Defensa mediante ingresos en cuenta o transferencias bancarias.

A partir de entonces, sin embargo, el brigada condenado comunicó a las empresas afectadas que la falta de espacio en el Cuartel General hacía necesario comenzar a hacer las entregas en unas cámaras frigoríficas que el Ejercito tenía en Mercamadrid.

Las facturas, no obstante, se les seguirían entregando a él en mano en la sede del Ejército, donde el militar les recibía “vestido de uniforme, en presencia de personal del Ejército y valiéndose de varios cabos auxiliares” reza el fallo.

Les informaba entonces de que los pagos comenzarían a demorarse pero haciéndoles ver que un servicio al Estado no dejaría de ser abonado y que el Ejército se haría cargo de las facturas pasados nueve meses.

Las empresas continuaron dando servicio con normalidad entregando viandas por valor de 1,128 millones de euros hasta que tuvieron noticia, a través de mayoristas y distribuidores, de que sus comestibles eran revendidos en zonas de Andalucía y Levante a civiles que pagaban menos que el precio ofrecido al Ejército.

Cuestionados por las empresas, el brigada y su socio “ahondando en el engaño”, contestaron que era su labor gestiona el excedente de pedidos alimenticios del Ejército vendiéndolos libremente en el mercado a terceros.

El Alto Tribunal subraya que el condenado aprovechó su condición de militar “en el ejercicio de su cargo, y aprovechándose de los medios, instalaciones alquiladas y de su titularidad, uniformes, sellos y marcas”.

En su sentencia, no obstante, el Supremo estima parcialmente el recurso presentado por el condenado y le rebaja la pena de 5 años y 9 meses de prisión, impuestos por la Audiencia Provincial de Madrid, a cuatro años tomando como atenuante la dilación del proceso.

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Ron pide una indemnización tras 32 años en Popular

El expresidente de Banco Popular, Ángel Ron, negocia con la entidad el pago de una indemnización por su trayectoria laboral en la institución de 32 años a la que varias fuentes jurídicas reiteran que tiene derecho, y que es solicitada por gran parte de los directivos.

El que fuera hasta el pasado 20 de febrero presidente de Banco Popular, Ángel Ron, ha decidido reclamar a la entidad una indemnización por los 32 años que estuvo trabajando en esa institución, tras haber cesado de su cargo al ser sustituido por Emilio Saracho.

Fuentes financieras aseguran que esta petición está justificada y es una práctica habitual entre los altos cargos de las empresas cuando salen, y que ya incluso otros directivos de Popular lo han hecho tras sus salidas, ya que cuando un empleado llega a un cargo de alta dirección y lo deja queda en suspenso el resto de su relación laboral. Su reclamación está vinculada a un cambio normativo europeo que ha provocado cambios técnicos. Esta modificación lleva incluso a reclamar al servicio de mediación y arbitraje, algo que parece que ha hecho ya Ron, las exenciones fiscales de las indemnizaciones de la trayectoria laboral de un directivo en los años en los que no estaba considerado alta dirección una vez que se ha dejado la entidad, sobre todo como en el caso de Ron, que salió de Popular como despido improcedente.

El expresidente de la entidad salió del banco con una pensión de 24 millones de euros, pero sin ninguna indemnización por haber sido destituido de su cargo ni por haber trabajado en Popular 32 años en diferentes puestos hasta llegar en 2002 a ser nombrado consejero delegado; en 2004 a la copresidencia y en 2006 a presidente. La indemnización, sin embargo, no será muy alta, afirman otras fuentes.

El cobro de la pensión, y según varias fuentes financieras, es consecuencia de los derechos acumulados a lo largo de algo más de 32 años en la entidad, y no está en cuestión. Esta pensión se fija en los estatutos del banco y hasta la modificación de estos hace algo más de un mes, esta vía de ingresos para la jubilación era la opción que tenían los altos directivos de Popular de ser recompensados por su labor ya que sus sueldos son, en algunos casos, menores que en otras entidades financieras, lo mismo que la retribución variable, además, no se fijaba indemnización por despido para la alta dirección. Ahora se han cambiado los estatutos para subir el variable y fijar indemnización.

Ron percibirá 1,1 millones de euros al año como pensión vinculada al cumplimiento de un pacto de no competencia poscontractual durante 11 años, es decir, hasta que cumpla 65 años de edad. Recibió, además de la pensión anual, un sueldo de 1,47 millones de euros en 2016 por el desempeño de sus funciones, el mismo importe que un año antes, después de quedarse sin retribución variable.

Recibe también una retribución fija de 152.778 euros por el desempeño del cargo entre el 1 de enero hasta el pasado 20 de febrero, fecha en la que se celebró la junta extraordinaria de accionistas en la que Saracho fue nombrado consejero del banco. Minutos antes, en un consejo de administración, Ron había presentado su dimisión por decisión unánime de los consejeros.

Parece que el asunto puede resolverse amistosamente. En la junta extraordinaria del 20 de febrero varios accionistas minoritarios cargaron contra Ron y exigieron responsabilidades a la antigua cúpula tras reclamar su indemnización de 24 millones de euros al considerarle responsable de las pérdidas de Popular en 2016 de 3.485 millones de euros. Varias fuentes del banco han asegurado que, de momento, estos inversores minoritarios no han presentado ninguna reclamación. Y parece que, de aquí al 10 de abril, fecha en la que se celebra la junta ordinaria de la entidad, tampoco se espera que los accionistas reclamen. El banco tampoco lo hará.

Según el informe de remuneraciones de los consejeros de Popular de 2016, el cobro de la jubilación de Ron queda sujeto a que no se produzca un quebranto para el banco que derive de una acción social de responsabilidad.

Mientras, el banco decidió cerrar el pasado 13 de marzo la criticada web de Ángel Ron (www.angelron.es), en la que destaca sus méritos al frente de la entidad y los premios recibidos. Esta página fue creada por Banco Popular en 2010.

Roberto Higuera, actual vicepresidente primero de la entidad y consejero delegado entre 2008 y 2009, dejará Popular en los próximos días, tras casi 50 años trabajando en el banco. Saracho ha fichado a otro consejero independiente.

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El veterano de la II Guerra Mundial que a los 90 años quiere convertirse en Patricia

Peter a sus 90 años ha decidido acabar con todos sus “miedos” y vivir la vida que siempre ha querido llevar. Este veterano de la segunda Guerra Mundial vive en la localidad británica de Leicestershire y tras vivir nueve décadas como un hombre quiere convertirse totalmente en mujer y ha comenzado a tomar hormonas femeninas para conseguirlo.

Según ha relatado a ‘Mirror‘, este anciano ha sabido que es una mujer desde los 3 años, pero tuvo “miedo” de cómo reaccionaría la gente al saberlo.

Peter estuvo en el ejército entre abril de 1945 y 1948 sirviendo en el Lejano Oriente, India, África Oriental y Palestina. A los 21 años decidió dejar esa vida y posteriormente llegó a casarse con una mujer. Su esposa siempre estuvo a su lado, siempre comprendió todo lo que le ocurría e incluso como él mismo cuenta a Mirror ella llegó incluso a comprarle joyas y a llamarle Patricia.

Precisamente Patricia es como se llama ahora este ex veterano que siente alivio después de haber revelado su secreto a sus vecinos.

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