Los despachos, prudentes ante el ‘brexit’

El 23 de junio, el fantasma del brexit –la salida de Reino Unido de la Unión Europea–, que venía recorriendo Europa inquietando a la economía global, se materializó en forma de referéndum y los británicos, contra pronóstico, decidieron tomar la puerta de salida, provocando una tormenta que hizo caer a la libra esterlina a su nivel de cambio más bajo desde 1985 y el desplome de los mercados bursátiles de todo el mundo (el Ibex 35 registró el 24 de junio la mayor caída de su historia, dejándose un 12,35%). Los despachos de abogados han desplegado, algunos anticipándose desde hace meses, estrategias de respuesta, tanto para su organización interna como para los servicios que les demandan sus clientes, y están articulando medidas para hacer que esta novedosa situación (es la primera vez que un miembro de la Unión Europea decide abandonar el club), no pase una gravosa factura a sus intereses y los de sus representados.

Aunque la preocupación en el sector legal es generalizada, se siente de forma más cercana en las firmas de dimensión global y en las que operan en España, pero tienen matriz británica.

El pasado 11 de julio, el despacho Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, uno de los que encabezan el sector legal en España, facturando 265,7 millones de euros en 2015, convocó en su sede de Madrid una jornada informativa sobre el brexit. En el encuentro se constató que, si bien pertenecer a la Unión Europea es una situación jurídica perfectamente definida, lo que suceda al salir de ella genera incertidumbre. Andrew Ward, socio de Cuatrecasas en Madrid, señaló que “que no sabemos ni cuándo ni en qué dirección cambiarán las cosas”, lo que produce “una situación inédita y jurídicamente muy interesante”.

En el despacho dirigido por Rafael Fontana vienen trabajando desde meses antes del referéndum en un grupo de estudio, explica Andrew Ward, en el que participan socios de diferentes áreas, como la financiera o la fiscal, que mantiene un contacto constante con la oficina londinense del despacho.

Reconoce Ward que los efectos del referéndum británico ya empiezan a sentirse, a pesar de lo cercano de la decisión, y que han recibido un especial interés “o preocupación” desde corporaciones estadounidenses o de fondos no comunitarios, “que preguntan por las ventajas de Madrid como alternativa a Londres”. En todo caso, desde el punto de vista de las empresas españolas, dice el socio de Cuatrecasas, el sector más interesado es el financiero, “que puede correr un mayor riesgo por ser un mercado altamente regulado y en el que poder utilizar el pasaporte comunitario es trascendental”.

Otro de los aspectos en los que ya están actuando es “la revisión de los contratos y el replanteamiento de operaciones”, a petición de sus clientes, aunque de cualquier forma, “pasado el primer shock, es el momento de la prudencia”. Queda un prolongado proceso en el que habrá muchos altibajos, sin dejar de reconocer que “lo último que quiere un inversor es no saber dónde se estará en un plazo de 10 o 15 años”.

Otro despacho que lleva tiempo trabajando en el tema es el bufete, con sede principal en Londres, Hogan Lovells. El socio director de su oficina de Madrid, Lucas Osorio, reconoce una “vorágine de actividad en los bufetes, un aluvión de acciones e iniciativas que contrasta con la realidad de que aún no ha pasado nada”

La política de Hogan Lovells, especialistas en relaciones lobistas y Derecho público comunitario y británico, es “ser muy activos, pero no atosigar”, afirma Osorio, explicando que hace ya 18 meses se creó en el despacho un grupo de trabajo liderado desde Londres y con representación de las oficinas de Madrid, Bruselas, Fráncfort o París, “con el objetivo de interiorizar y curtirse en la situación”. Este trabajo previo, explica, les permitió ser los primeros en lanzar una comunicación a las pocas horas del referendo y en poder generar resúmenes informativos para sus clientes constantemente.

La recomendación de Osorio es “crear grupos de trabajo interno que aborden materias como contratos, fiscalidad o estrategia de negocio, hacer un seguimiento de los movimientos e incorporar a consejeros externos para poder radiografiar los escenarios cambiantes”. Advierte, eso sí, que los cambios que se produzcan no van a tener efectos individualizados y, por ello, será crucial “buscar aliados cercanos (patronales, instituciones, etc.) en el ámbito local y en el comunitario”. Además, añade, acercarse a los lobbys comunitarios es una actitud acertada.

Sección Economía | Cinco Días

Sombras ante la escasez de turistas rurales extranjeros

En el Año Internacional del Turismo Sostenible, el turismo rural se enfrenta a dinámicas que, a pesar de la remontada en ocupación en fechas clave, siguen complicando su horizonte futuro como la estacionalidad, la ilegalidad de alojamientos, la falta de dedicación profesional completa y un factor que se eleva por encima de muchos otros: la escasez de clientes extranjeros ante la falta de promoción fuera de nuestras fronteras. No hay que olvidar que esta industria turística es estratégica para la dinamización económica de núcleos rurales y la generación de empleo y autoempleo. De los 3,6 millones del total de turistas rurales de 2016, solo el 18% residía en el extranjero, según el INE.

Esa falta de promoción del visitante foráneo es una de las principales conclusiones obtenidas por el Observatorio del Turismo Rural (OTR), impulsado por empresas y universidades expertas en la materia, que aborda entre sus distintos temas un informe sobre los problemas del sector desde el ángulo de los propietarios de alojamientos rurales españoles (más de 15.000 consultados). Sin duda, la escasa presencia de turistas rurales internacionales es un factor que atenaza el crecimiento del sector en una potencia mundial turística que en 2016 recibió 75 millones de extranjeros y con un rico patrimonio artístico, cultural, natural y social. Es evidente que prefieren playa y grandes ciudades, una oferta más madura. De esos 75 millones, solo 658.000, el 0,87%, se alojaron en establecimientos rurales. De hecho, en los dos últimos años, solo el 6,8% de los propietarios rurales destacan en el OTR la procedencia internacional de sus visitantes. Por lógica, el top 5 de países de origen pertenecen mayoritariamente al entorno europeo: Francia (42%), Alemania (22%), Inglaterra (17%), Holanda (11%) y EE UU (2%).

La pregunta principal es qué factores motivan esta situación. Y la principal conclusión es la ya mencionada falta de promoción para atraer clientes extranjeros. En un contexto de consumo tradicionalmente interno, los efectos de la crisis desembocaron en una caída de la demanda, que buscaba en el cliente de otros países un flotador para sobrevivir. El turismo rural afronta, por tanto, el reto de atraer a esos viajeros internacionales, y para conseguirlo, los encuestados citan dos soluciones clave: una mayor inversión de la Administración para atraer al entorno rural a ese tipo de turista y una mayor preparación para captarle de forma adecuada. En definitiva, cantidad y calidad en inversión y en formación.

En 2013, Turespaña aprobó un Plan de Promoción Exterior del Turismo Rural que se vio continuado en 2014 como Plan Integral de Turismo Rural, intensificando campañas de promoción en Reino Unido, Alemania y Francia, tres idiomas que las casas rurales en España no dominan. Hoy, aunque ha mejorado el escenario con la llegada en 2016 de 108.000 visitantes más que en 2015 (un 19,5% más), no hay sustanciales diferencias respecto a la ultradependencia del mercado interno. El reto pasa por posicionar a España como referencia en nichos asociados al turismo rural: naturaleza y cultura. Para afrontar ese desafío es imprescindible superar la escasa profesionalización de los gestores de alojamientos y la formación en gestión digital (marketing, gestión web, de redes sociales…) y, más importante aún, en idiomas.

Las soluciones para el bajo conocimiento de idiomas pasan, según los propietarios, en primer lugar, por una mayor inversión pública en formación, pero de forma mayoritaria se inclinan por una mayor conciencia del empresario respecto a su importancia. Este último dato es especialmente destacable. Solo cinco comunidades autónomas podrían atender en inglés en más del 50% de sus alojamientos rurales: Islas Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias y Madrid. La media en España de alojamientos rurales que hablan inglés no alcanza el 45%. Y ya no hablemos de la barrera lingüística del francés (26%) o alemán (5,5%).

En el sector del turismo rural, la colaboración público-privada es esencial… si el empresario se implica. Pensar por parte del propietario que debe haber una actitud paternalista por la Administración es un flaco favor al sector a largo plazo. Lo acertado es considerar esa relación desde una filosofía de trabajo que ceda la iniciativa al empresariado para que, una vez lleguen las propuestas, se analice y valore su viabilidad.

En la última edición de Coetur (Congreso Europeo de Turismo Rural) se alcanzaron algunas conclusiones sobre la colaboración público-privada en el sector. Una fue que la actividad turística es algo privado, pero que el destino sí es responsabilidad de la Administración, que debe gestionarlo usando estrategias de planificación coherentes. Hay que añadir que todos los agentes turísticos de un territorio son también embajadores de ese destino y si la parte pública hace bien su trabajo, la oferta privada debe alinearse para no decepcionar en el visitante. Por ejemplo, un destino bien promocionado, pero donde el comercio y los servicios no están dimensionados ni adaptados en horarios y servicios a la demanda produce un efecto opuesto al deseado.

Otra de las reflexiones más interesantes se concretó en algunos requisitos para que la colaboración público-privada llegue a buen puerto: los proyectos no funcionan cuando no se fijan objetivos a corto plazo. Asimismo, sin dotación económica también están abocados al fracaso. Estos dos puntos son el claro exponente de las nuevas formas de colaboración hacia las que debemos orientarnos.

Es necesaria iniciativa privada, profesionalización, formación por el propietario y un destino bien promocionado por las Administraciones. Hoy esta economía rural basada en el turismo, aunque experimenta avances, tiene mucho por hacer para beneficiarse del auge turístico español en los mercados internacionales.

Gus Bertolo es socio fundador de EscapadaRural.com.

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Cordish no se rinde ante la negativa a su ‘Eurovegas’

La empresa estadounidense Cordish aseguró este jueves que volverá a solicitar la autorización como centro integrado de desarrollo (CID) de su macrocomplejo de juego y ocio, que contempla ventajas fiscales, a la Comunidad de Madrid, tras el rechazo de la semana pasada al proyecto conocido como Live Resorts Madrid.

El promotor hotelero y de juego Cordish, con sede en Baltimore (EEUU), aseguró que mantiene “su firme compromiso” con su proyecto Live Resorts Madrid, un megacomplejo de casinos, centro comercial y hoteles en Torres de la Alameda (Madrid). La empresa, además, volverá a pedir la autorización para levantar el complejo como centro integrado de desarrollo, un permiso que el pasado viernes fue denegado por el Ejecutivo regional.

La empresa asegura que mantiene su compromiso de inversión de 2.200 millones de euros, que según sus cálculos creará 56.000 empleos “y una actividad económica de miles de millones de euros en la Comunidad de Madrid, que atraerá a millones de turistas”, aseguró la empresa.

Los representantes de Cordish se reunieron este miércoles con responsables de la Comunidad de Madrid para recibir explicaciones de por qué el Ejecutivo regional rechazó la autorización como CID para el macrocomplejo. Esa reunión fue valorada por la compañía como “muy positiva” y reitera su intención de solicitar esta licencia especial.

“La compañía está evaluando los comentarios de los técnicos y espera resolverlos rápidamente”, explicó en el comunicado. “Estamos muy entusiasmados con el proyecto y preparados para comenzar con el desarrollo inmediatamente”, apuntó Joe Weinberg, socio de Cordish. Los técnicos explicaron de primera mano que no podían conceder la autorización porque consideran poco viable el proyecto y con un gasto directo para las arcas públicas de 340 millones en carreteras y un apeadero de tren.

La presidenta regional, Cristina Cifuentes (PP), recordó el miércoles que la compañía americana, si así lo deseaba, podía invertir “de manera particular, como hacen el 100% de los empresarios extranjeros”, pero sin la autorización de CID.

Esta figura jurídica a la que optan conlleva importantes ventajas para el promotor, como un tipo impositivo rebajado del 10%, la construcción en cualquier tipo de suelo y una única licencia para todas las actividades. Si la empresa quiere recibir ese tipo de autorización, deberá volver a presentar otro proyecto, según explicaron fuentes de la Comunidad.

Esta iniciativa, que llega tras el fracaso de otras similares como el Eurovegas de Sheldon Adelson en Alcorcón o el Reino de Don Quijote en Ciudad Real, preveía en una primera fase en un megacomplejo de hoteles, comercios, centro de convenciones, casinos y teatros, entre otras instalaciones.

La presidenta regional recalcó esta semana que la negativa a Cordish, respecto a la autorización de centro integrado de desarrollo, es definitiva. El promotor “no garantizaba la construcción del complejo en su conjunto, se preveía solo el inicio con la almendra central con una inversión cercana a los 500 millones”, aseguró la presidenta regional, lejos de los 2.200 millones que la empresa había anunciado. La política del PP aseveró que lo presentado que el proyecto no podía ser considerado como CID al no tener “la relevancia social, económica, de permanencia y sostenibilidad necesaria en el tiempo”.

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