¿Cuánto cuestan las bajas laborales a las arcas públicas?

La prestación de incapacidad temporal por contingencias comunes -enfermedad común o accidente no laboral- durante 2016 tuvo un coste para la Seguridad Social de 5.900 millones de euros, entre las mutuas colaboradoras y las entidades gestoras del sistema público.

Así se desprende de la respuesta ofrecida por el Gobierno a los diputados de Ciudadanos Sergio del Campo, José Cano Fuster y Saúl Ramírez, que el pasado mes de diciembre preguntaron por el coste de las bajas laborales.

Estos 5.900 millones suponen un desvío de aproximadamente 500 millones en el dinero presupuestado por la Seguridad Social para esta contingencia, que en 2016 estaba cifrado en algo más de 5.400 millones de euros.

La formación naranja había preguntado por la evolución de este gasto y el seguimiento del mismo realizado por el Gobierno, así como las medidas que contemplaba para reducir el absentismo laboral, a lo que el Ejecutivo ha respondido con las medidas llevadas a cabo en los últimos años.

Control de las mutuas

Respecto a esta última cuestión, señala el Gobierno, el decreto 625/2014 establece protocolos de temporalidad de los actos médicos de confirmación de la baja a partir del cual se asigna el plazo estimado de duración del proceso.

En su respuesta, recogida por Europa Press, el Gobierno también alude a la modificación de la Ley General de la Seguridad Social de diciembre de 2014, que amplió la capacidad de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la gestión de las bajas laborales.

A partir de ese cambio normativo, las mutuas tienen la posibilidad de llevar a cabo el control y seguimiento de la prestación económica a partir del mismo día de la baja médica, comprobando la concurrencia de los hechos que originaron la baja, los exámenes y reconocimientos médicos.

En este sentido, pueden proponer el alta médica a través de sus propios facultativos a la Inspección Médica de los Servicios Públicos de Salud, que debe pronunciarse acerca de la propuesta de alta en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Por otra parte, las mutuas tienen la posibilidad de realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores, poniendo los resultados de estos exámenes a disposición del médico del Servicio Público de Salud.

 

Sección Economía | Cinco Días

Cuánto cuesta de verdad llamar a un 902 o a un 901 o un 118

Las tarifas planas de voz que se contratan con las operadoras en paquetes no incluyen números de tarificación especial. El regulador de mercado (CNMC) y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y aclaran cuánto cuesta cada uno de ellos:

  • Números 900 y 800: son gratis

Los números que empiezan por 900 y por 800 son gratis para el que llama. Se denominan de cobro revertido automático, lo que significa que quien paga la llamada íntegramente es la compañía que tiene contratado ese número y recibe la llamada, señala la CNMC en su blog. No hay que confundirlos con los 803, 806.

La OCU puntualiza que algunas empresas bloquean las llamadas desde determinados lugares. Así pone por ejemplo una empresa que solo ofrece servicio en una comunidad autónoma, puede bloquear a quien llame a su número 900 desde fuera de ella.

Por compañías, Movistar, Vodafone, Orange, Jazztel y ONO ofrecen un servicio gratuito.

  • Número 901: se paga una parte

El coste se reparte entre el usuario, que pagará una parte, y la empresa que tiene contratado el 901, que pagará la otra parte. Por eso, son más baratos que los 902.

La OCU señala que es un número habitual en la Administración pública y su precio depende del operador, pero el coste se dispara si se llama desde un móvil.

El precio de establecimiento por compañías, Movistar cobra 0.03 cts sin IVA, Vodafone cobra 0,15 cts desde el móvil y 0,05 desde el fijo, mientras que Orange cobra 0,05 cts sin IVA. Por su parte, Jazztel cobra 0,08 cts y ONO 0,06 cts. 

  • Número 902: todo lo paga quien llama pero el precio es moderado

Quien marca un 902 paga el coste íntegro de la llamada que, además, no suele estar incluida en las tarifas planas de voz. Los números 902 cuestan más caros que una llamada provincial, pero son más baratos que una llamada nacional (que sí suele estar incluida en los planes de voz de las operadoras fijas).

La CNMC explica que el precio se estableció así “con el fin de que si un usuario llamaba a un número 902, localizado fuera de su provincia, pagara algo más que por una llamada provincial, pero menos que por una nacional”.

Para las empresas que contratan un 902, la ventaja “tener centralizados sus servicios bajo el paraguas de un mismo número”, dice la CNMC.

Su nombre técnico es “números de tarifas especiales sin retribución para el llamado”, lo que significa que la empresa a la que llamas no recibe dinero por esa llamada.

La OCU denuncia sin embargo que, aunque ni los 902 ni los 901 fueron diseñados para que las empresas sacasen beneficios con las llamadas, “la realidad es que las compañías telefónicas incentivan a las empresas para que los usen”, ya que los márgenes son muy elevados.

Una llamada de cinco minutos a un 902 puede costar en torno a 0,5 euros si se llama desde un fijo pero más de 2,5 euros si se llama desde un móvil, dependiendo de la operadora.

El precio de establecimiento por compañías: Movistar cobra 0.07 cts sin IVA, Vodafone cobra 0,15 cts desde el móvil y 0,13 desde el fijo, mientras que Orange cobra 0,10 cts sin IVA. Por su parte, Jazztel cobra 0,13 cts y ONO 0,14 cts.

  • Números 803, 806, 807, 905: todo lo paga quien llama y el precio se dispara

Son números de tarificación adicional, y su precio suele ser muy elevado, ya que una parte del beneficio es para la compañía telefónica y otra para la empresa que presta el servicio.

– 803: Servicios exclusivos de adultos 

– 806: Servicios de ocio y entretenimiento

– 807: Servicios profesionales

– 905: televoto (se paga un importe fijo por llamada).

El coste dependerá del número que siga al 803, al 806 y al 807. La CNMC da un indicador de precios, que va desde 0,35 euros por minuto hasta más de 3 euros por minuto. En cualquier caso, explica la CNMC, “los que tienen un precio superior a un euro por minuto están inhabilitados”, es decir, si la cuarta cifra es superior a 6, el usuario tiene que haber autorizado en su compañía telefónica este tipo de servicios ultracaros.

En el caso de Movistar, la compañía cobra 0,73 cts sin IVA por llamar al 803, 1,29 cts sin IVA por llamar a los 806 y 807 y gratis si llamas al 905. En el caso de Vodafone, el precio es de 0,46 cts para los 803,806 y 807. Mientras que llamar a un 905 es gratuito los 11 primeros segundos. 

Por su parte, Orange cobra 0,09 cts a los 803, de 0,03 cts a 0,09 cts si llamas a los 806 o 807 y de 0.30 cts a 1,20 si llamas a los 905. Jazztel cobra 0,12 cts si llamas a los 803, 806 y 807 y de 0,30 a 1,20 cts si llamas a los 905. Por último ONO, cobra 0,10 cts si llamas a los 803,806 y 807 y de 0,36 a 1,45 cts si llamas a los 905.

  • Números 118: números cortos de servicios con múltiples precios

La CNMC explica que son números cortos de servicios de información al usuario, los herederos del 1003 de Telefónica.

Hay muchas empresas que los ofrecen y las tarifas de estos números no están reguladas, así que se puede encontrar muchos precios.

La OCU advierte: si se es usuario habitual de estas guías hay que tener en cuenta “que algunas líneas cobran hasta 4 euros por minuto”.

Además, muchos de ellos ofrecen la “progresión de llamada”, de manera que se ofrecen a hacer la llamada por el usuario, de forma que siguen cobrando como si se estuviese hablando con el 118.

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Renta 2016: cuánto pagaré en función de mi comunidad

En 2016 entró en vigor la segunda fase de la rebaja del IRPF que incluyó el Gobierno en la reforma fiscal. El impuesto ideado por el departamento de Cristóbal Montoro cuenta con cinco tramos y con tipos impositivos que van del 19% al 45%. Sin embargo, las comunidades autónomas de régimen común tienen competencia sobre el 50% del impuesto y han utilizado su capacidad normativa para establecer sus propios tramos y tarifas. Hoy el impuesto sobre la renta es distinto en cada una de las autonomías, un hecho inédito.

Cataluña es la autonomía donde las rentas bajas y medidas sufren una mayor presión fiscal. Ello no se debe a que la Generalitat haya subido recientemente el impuesto, sino a que al resto lo han bajado, siguiendo la estela del Estado. El tipo mínimo autonómico del IRPF catalán se sitúa en el 12%, lo que sumado al gravamen estatal del 9,5% arroja una tarifa del 21,5%. Cataluña tiene el tipo mínimo más alto de España. En cambio, la mayoría mantiene un gravamen en el primer tramo en el 19%. Por ejemplo, un contribuyente en Cataluña soltero y sin hijos que gana 15.500 euros (el sueldo más frecuente, según el INE), abonará en la declaración de 2016 en Cataluña 1.499 euros, un 10% más que la media y un 13% más que un madrileño. En el caso del sueldo medio (22.697), el esfuerzo fiscal que soporta un catalán es un 5% superior al promedio. A partir de salarios de 30.000 euros, Extremadura lidera el ranking. Un residente extremeño que gana 45.000 euros abonará 9.923 euros por el IRPF, 543 euros más que, por ejemplo, un castellanoleonés.

En los eslabones más elevados, hasta once de las quince comunidades de régimen común mantienen tipos incrementados que superan el gravamen máximo del 45% que fijó el Gobierno y que se utiliza como referencia para comparar con otros países. De hecho, sólo dos comunidades aplican ese porcentaje a las rentas altas. Cataluña, Andalucía, Asturias, La Rioja y Cantabria cuentan con un tipo máximo del 48%.

Madrid y las dos Castillas destacan por mantener en todos los tramos de renta una menor presión fiscal. El caso madrileño es el más llamativo porque sus asalariados aparecen como los que menos pagan con independencia del nivel de renta. El tipo máximo del IRPF en Madrid también es el más bajo de España (43,5%). Hay casos curiosos. La Comunidad Valenciana, gobernada hoy por PSOE y Compromís, exige un esfuerzo fiscal por encima de la media a las rentas bajas y por debajo del promedio a las altas. Ello ha cambiado a partir de 2017 después de que el Ejecutivo valenciano reformulara los tramos y tipos para evitar este efecto.

En las comunidades de régimen común, las retenciones que aplican las empresas en las nóminas de los empleados no tienen en cuenta los cambios normativos de las comunidades autónomas. Es decir, el porcentaje mensual que se queda Hacienda se calcula como si las comunidades hubieran replicado la estructura del IRPF estatal. Los tipos autonómicos entran en juego ahora, cuando se presenta la declaración anual. Los contribuyentes que viven en comunidades que exigen un mayor esfuerzo fiscal tienen más posibilidades de que la declaración les salga a pagar.

Aun así, hay que tener en cuenta que, con carácter general, aquellos que ganan menos de 22.000 euros anuales no tienen la obligación de presentar la declaración. Por lo tanto, los rentas bajas que viven en comunidades con tipos superiores a los estatales pueden sortear los gravámenes incrementados no presentando la declaración. En cualquier caso, siempre es recomendable solicitar y analizar el borrador para saber qué opción es la más conveniente.

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