Consolidar empleo público, crear privado

El acuerdo firmado ayer entre el Gobierno y los sindicatos para hacer fijos en los próximos años al 90% de los trabajadores interinos del sector público impulsará lo que constituye la mayor oferta de empleo público de la democracia. Las Administraciones públicas consolidarán en torno a 250.000 puestos ocupados actualmente de forma temporal por este tipo de trabajadores. El proceso, que se iniciará el próximo viernes y terminará a finales de 2019, involucra a las comunidades autónomas –que aglutinan a la mayor parte de estos empleados– que se han sumado también al compromiso entre el Ejecutivo y los sindicatos. Esta gigantesca consolidación de oferta pública permitirá a Estado, autonomías, ayuntamientos y empresas públicas sacar a concurso los puestos ocupados por interinos para hacerlos fijos en estas Administraciones.

 El acuerdo afecta a varias áreas: es el caso de los profesores de enseñanza no universitaria, personal estatutario del Sistema Nacional de Salud, Administración de Justicia, Servicios Sociales, policía local, gestión tributaria y recaudación, inspección y sanción de servicios y actividades.

Este gran pacto para consolidar la oferta de empleo público no traerá consigo la aceptación de otras demandas sindicales, como la recuperación de la jornada de 35 horas o el cobro del 100% de la prestación cuando los empleados públicos están de baja por incapacidad temporal. A cambio, sí habrá que sumarle la creación de 67.000 nuevos empleos públicos y la reposición de las bajas de jubilación (en un 100%) en áreas como la sanidad, la educación, la justicia, los servicios sociales, la lucha contra el fraude, la prevención y extinción de incendios y políticas activas de empleo. En materia salarial, el Gobierno ha dejado claro que no levantará de momento el pie del freno –subirá un 1% los salarios en 2017– pese a dejar la puerta abierta a la posibilidad de pactar mayores mejoras salariales a partir de los presupuestos de 2018, cuyo techo de gasto se aprueba en junio.

La consolidación de la ingente cantidad de puestos de trabajo interinos que existen en las Administraciones Públicas españolas es una buena noticia, dado que pone remedio a una situación que constituye una anomalía en el entorno europeo. No en vano, el Tribunal de Justicia de la UE ha cuestionado recientemente la elevada tasa de interinidad que existe en España, que ronda el 11% en Sanidad y sube al 20% en Educación. Pese a ello, la gran asignatura de la economía española en materia laboral está en el sector privado, cuya función natural es crear empleo productivo, cuanto más estable mejor y capaz de general riqueza. Apostar por flexibilizar la legislación y los mercados para facilitar esa tarea debe ser una prioridad para los agentes sociales y el Gobierno.

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Primeras plazas de la oferta de empleo: policía y guardia civil

Los Presupuestos Generales del Estado que ha aprobado el Gobierno incluye una oferta de empleo público (OEP) para 2017 de alrededor de 67.000 plazas de reposición, y un proceso de reducción de la interinidad que conllevará la conversión de hasta 250.000 interinos en fijos en un plazo de tres años, con el fin de reducir la interinidad en las administraciones del 25% actual al 8% en ese periodo.

El Ejecutivo ha aprobado un decreto ley para adelantar 7.969 plazas de la oferta pública de empleo para 2017, para los ámbitos de la educación, las fuerzas armadas, la policía y la guardia civil, ha anunciado hoy el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montoro ha detallado que este decreto ley incluye la convocatoria de 6.005 plazas de acceso libre, 1.673 de promoción interna y 291 de otro tipo.

El resto de las plazas de la oferta pública de empleo de 2017 serán convocadas por las comunidades autónomas y, según los cálculos de Hacienda, alcanzarán las 10.000 en el ámbito educativo no universitario y a 1.500 para profesores universitarios.

En concreto, se ha aprobado la convocatoria de una promoción de 3.331 plazas para acceder a la Policía Nacional y otras 1.866 para ingresar en la Guardia Civil. n total, 5.197 nuevas plazas de policía y guardia civil contempladas hoy en el decreto ley de oferta de empleo público de 2017.

Con las convocatorias que realizará la Policía y la Guardia Civil, las plantillas de ambos cuerpos superarán la tasa de reposición de otros años, que se situaban en torno al 10% de las bajas que se producían.

De las 3.331 nuevas plazas para ingresar en la Policía, 130 serán para la escala ejecutiva por acceso libre (inspectores), en tanto que la mayoría -3.201- serán para la escala básica, de la que 640 estarán reservadas para militares de tropa y marinería que lleven al menos 5 años de servicios, tal y como recoge la ley.

Mientras, de la propuesta de la Guardia Civil también la mayoría, 1.801, será ofertada para ingresar en el escala de cabos y guardias y 65 en la Escala de Oficiales. Se reservará hasta un 50 por ciento, 721 plazas, para militares profesionales de tropa y marinería con al menos 5 años, y hasta un máximo de un 20 por ciento, esto es 175, para los alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes.

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Presupuestos para el empleo

Si la prioridad de Mariano Rajoy es la creación de empleo, como ha venido dejando patente en el estreno de cada una de sus legislaturas, incluida la nonata, los Presupuestos que el Gobierno ha elaborado para 2017 deben ser coherentes con ello. Trabajar con la hipótesis de que la tasa de desempleo bajará del 17% tiene sentido porque es un objetivo realizable. Otra cosa es que peque de falta de ambición. Con un crecimiento del 2,5%, como calculan las cuentas públicas para este año, que según algunos expertos también se queda corta, la economía española estará en condiciones, salvo sorpresas indeseadas, de presentar a fin de año mejores datos en mercado laboral. Pero conviene no errar el tiro. Es comprensible el guiño de la importante oferta de empleo público, con 67.000 plazas nuevas y, en el plazo de tres años, la conversión en fijos de hasta 250.000 interinos. Cierto que es de justicia –y que además se haga con urgencia en áreas como educación– la reposición de funcionarios tras los recortes, así como la meta de reducir la interinidad del 25% al 8%. Sin embargo, la solución a la lacra del paro está en el sector privado. Solo creando un marco facilitador, no restrictivo y que respete reformas que ya han demostrado su eficacia acertará el Gobierno con sus cuentas y se reforzará el crecimiento. Es la forma más segura de volver a cumplir con el –ambicioso este año– objetivo de déficit.

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