El Gobierno autorizará la reapertura de Garoña

El Ministerio de Energía sigue estudiando el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) favorable a la reapertura con condiciones de la central nuclear de Santa María de Garoña. Aunque el departamento que dirige Álvaro Nadal, que es quien tiene la última palabra, se dio seis meses de plazo para tomar una decisión, “no ve ninguna razón técnica, legal ni de seguridad para denegar la apertura”, indican fuentes próximas al ministerio. El citado plazo termina a principios de agosto.

 Otra cuestión bien distinta es que, pese a la luz verde del ministerio, las propietarias de la planta, Endesa e Iberdrola, a través de la sociedad Nuclenor, decidan el cierre, como así lo han manifestado (Iberdrola, públicamente, y Endesa, en privado). Esta posición favorable del ministerio es una prueba de que el Gobierno ha fracasado en su negociación con el PNV el cierre de la planta ubicada entre Burgos y Álava a cambio del respaldo de los nacionalistas vascos a los Presupuestos del Estado de 2018.

De esta manera, el PP evitaría la servidumbre del apoyo del PSOE, más aún teniendo en cuenta que las opciones en este partido están abiertas por su proceso de primarias. Con Ciudadanos (32 escaños), PNV (5), Coalición Canaria y Nova Canaria (uno cada uno), los populares (con 137) salvarían los Presupuestos del próximo año que, en el peor de los escenarios, tendrían que prorrogar en 2019, ya posible año electoral. Las presiones de la opinión pública en el País Vasco contra Garoña, especialmente, políticas y sindicales, parecen haber influido también en la decisión de Iberdrola (con sede en Bilbao) de no reabrirla central. El año pasado, antes de la junta general, el presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, comunicó a representantes del sindicato ELA su decisión de no reabrir Garoña.

Y casualmente, la semana pasada (de nuevo en vísperas de la junta, que se celebra mañana) los medios vascos publicaban, atribuyéndoselo a fuentes de Nuclenor, que Garoña no es viable económicamente. Se calcula que las inversiones necesarias para cumplir con las exigencias del Consejo ronda los 150 millones de euros.

Pese a que la intención de las dos grandes eléctricas no es reabrirla, estas han mentido han mantenido su petición de reapertura, que tramitaron anete el antiguo Ministerio de Industria en 2014. La idea denunciada hace tiempo en fuentes del CSN de que el objetivo de Endesa e Iberdrola era lograr carta blanca con el informe favorable a la ampliación de Garoña para el resto del parque nuclear, español al que le queda apenas una década de vida.

Y así ha sido. Mientras las autorizaciones se otorgaban hasta ahora por el mismo periodo de tiempo que comprenden las revisiones integrales de seguridad (10 años máximo), a Garoña se le da por 17 años. La revisión integral de seguridad seguirá ejecutándose cada 10 años, pero por primera vez se desliga del aval dado por el organismo de seguridad para operar. Un sistema similar al francés.

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La tarifa plana costará al Gobierno 480 millones

La extensión de la tarifa plana de 50 euros para nuevos autónomos hasta los primeros doce meses de cotización costará al Gobierno una merma de ingresos de 480 millones de euros. La medida se enmarca dentro del pacto suscrito entre el Ejecutivo y Ciudadanos para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Según informa Europa Press, la bonificación de las cuotas correrá a cargo de la Seguridad Social, a pesar de las críticas vertidas por la oposición hacia la medida, ya que supone una pérdida de ingresos en el sistema que, en la actualidad, se encuentra en situación deficitaria. El propio Partido Popular ha reconocido que será necesario reconducir esta estrategia de subvenciones, derivando parte del gasto de las bonificaciones hacia otras partidas, como las del Servicio Público de Empleo Estatal.

El pacto para la tramitación de los Presupuestos 2017 entre PP y Ciudadanos incluye medidas para recuperar a la clase media y trabajadora, a las que se destinarán 1.945 millones de euros, y reformas para llegar a un nuevo modelo económico, con una previsión de 2.142 millones de euros.

Además, el acuerdo contempla la puesta en marcha del complemento salarial, con una partida de 500 millones de euros, que esperan poder financiarlo con los fondos que la Unión Europea dedica a combatir el desempleo juvenil en España. Según Ciudadanos, el complemento se dedicará a los menores de 30 años de bajo nivel educativo que quieran recibir formación, pudiendo completar su sueldo con 400 euros adicionales durante seis meses.

Por otro lado, se dedicarán 100 millones de euros a reforzar los medios de lucha contra el fraude y otros 4,7 millones a revisar el gasto integral de las administraciones públicas. Esta labor será realizada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiReF) y tratará de eliminar duplicidades y gasto superfluo.

Por su parte, las Comunidades Autónomas recibirán 1.200 millones de euros para gestionar un nuevo sistema de ayudas de cheques de formación para desempleados, con el objetivo de favorecer su reinserción en el mercado laboral. Además, se destinarán 258 millones de euros para ampliar la cobertura a parados de larga duración.

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La CNMV negocia con el Gobierno el mismo estatus que el Banco de España

Sebastián Albella, presidente de la CNMV, negocia con los Ministerios de Economía y Hacienda un estatus similar al Banco de España en cuanto a autonomía de personal. Elvira Rodríguez, exjefa del supervisor, interpuso un recurso contencioso-administrativo porque en 2016 se bloqueó la contratación de plantilla.

La CNMV anhela la autonomía del Banco de España en cuanto a capacidad de hacer fichajes. La anterior presidenta del supervisor de los mercados, Elvira Rodríguez, proclamó a diestro y siniestro que el vigilante de que se cumpla la Ley del Mercado de Valores necesitaba más gente y mejor pagada. Es habitual que técnicos que trabajaban para Rodríguez, y ahora para Sebastián Albella, fichen por el otro gran vigilante del sector financiero, el que dirige Luis María Linde. Allí disfrutan, por lo general, de unas condiciones laborales notablemente más atractivas.

El ministro Luis de Guindos ha reiterado en varias ocasiones que desde el Gobierno se ofrecerá a la CNMV todo el apoyo que necesite. El propio presidente del supervisor, Sebastián Albella, reconoció el 8 de marzo, cuando presentó un ambicioso plan de actividades para el presente ejercicio, el sustento que desde Economía se le estaba proporcionando.

Las responsabilidades del supervisor aumentan –absorberá el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)–, al tiempo que su fuerza laboral disminuirá, al menos en principio. Traspasará entre 10 y 15 personas de su departamento de reclamaciones a la nueva oficina única que gestionará las quejas del sector financiero. Esta nueva autoridad independiente agrupará los servicios de la CNMV, el Banco de España y la actual Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).

Uno de los objetivos de la CNMVes lograr “la flexibilidad necesaria para contar en todo momento con los medios humanos precisos para realizar adecuadamente sus funciones (cuyo ámbito se está expandiendo debido a la normativa tanto europea como nacional) y para retenerlos, tratando de reducir la potencia de los incentivos actualmente existentes para el trasvase de personal técnico especializado a otros supervisores o al sector privado”.

La anterior presidenta logró introducir en la Ley del Mercado de Valores en 2015 un párrafo que abre al supervisor las puertas de contratar personal: “La CNMV decidirá acerca de la oportunidad de la convocatoria de procesos de selección de personal destinados a cubrir las vacantes de la plantilla aprobada en el presupuesto de explotación y capital de la entidad, quedando dichos procesos exceptuados de la oferta de empleo público”.

Pues bien, los Presupuestos Generales del Estado de 2016 bloquearon en la práctica esa posibilidad. La ley negó esa opción, al no especificarla de manera concreta. Elvira Rodríguez, exjefa del supervisor, dejó interpuesto un recurso contencioso-administrativo, como queja por no haber podido hacer uso de esa facultad.

La nueva cúpula de la CNMV está ahora en plena negociación con los Ministerios de Economía y, especialmente, de Hacienda para lograr más autonomía en la contratación de plantilla. El encargado de esta última cartera, Cristóbal Montoro, anunció ayer que dará luz verde a los Presupuestos del presente ejercicio en el consejo de ministros del próximo 31 de marzo. Fuentes conocedoras de la situación explican que lo deseable es que el supervisor de los mercados disponga de un régimen similar al que disfruta el Banco de España en gestión de personal. El diálogo a tres –Economía, Hacienda y CNMV– continuará en las próximas semanas.

La norma que le otorga total autonomía en la plantilla data de 1994 y especifica que “no serán de aplicación al Banco de España las leyes que regulen el régimen presupuestario, patrimonial y de contratación de los organismos públicos dependientes o vinculados a la Administración General del Estado”.

Así, el supervisor bancario, con permiso del Banco Central Europeo, realiza ofertas de empleo de forma frecuente, según sus necesidades de personal. A finales de 2015, contaba con una plantilla de 2.892 empleados, con un incremento del 5% respecto al ejercicio anterior. La CNMV, en cambio, finalizó ese mismo ejercicio con un equipo de 402 personas, frente a las 410 de un año antes.

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