Las rentas vitalicias, el plan de pensiones eterno

Habían casi desaparecido de su cartera de productos, pero dadas las incertidumbres que penden sobre el futuro de nuestro sistema de pensiones público, y la certeza de que las mensualidades serán cada vez más exiguas, las aseguradoras han desempolvado y potenciado las rentas vitalicias.

Nos estamos refiriendo a productos, basados en un contrato de seguro, que permiten convertir, por ejemplo, una casa o un fondo de inversiones en una mensualidad hasta su fallecimiento. La aseguradora hace sus cálculos sobre esa prima aportada según la edad, el sexo y la esperanza de vida de su cliente y garantiza una renta mínima.

Carlos Herrera, de EFPA España, cree que cualquier aseguradora “debe ser competitiva en materia de rentas vitalicias, buscando soluciones imaginativas para compensar los bajos tipos de interés vinculados que existen en la actualidad. Pensemos que el seguro de rentas vitalicias es la esencia de la previsión social complementaria que tiene como fin último la obtención de una renta privada complementaria a la pensión pública”.

Tal es su auge que, según los últimos datos de ICEA difundidos por Unespa, las rentas vitalicias aseguradas se consolidan como sistema de previsión complementario. En concreto, a cierre del año 2016, cerca de 8.500 personas mayores de 65 años transformaron el dinero logrado con la venta de algún elemento patrimonial –por ejemplo, una segunda vivienda, un plan de pensiones o una cartera de acciones– en una fuente garantizada de ingresos de por vida. Estas rentas vitalicias acumulan un volumen de ahorro bajo gestión de 769 millones de euro.

Para Raúl León Dorado, subdirector general de desarrollo de negocio de Mapfre Vida, “los seguros de rentas, en sus modalidades temporales y vitalicias, son un producto que comercializamos desde hace mucho tiempo. Actualmente ofrecemos a nuestros clientes diversas opciones, incluidas las rentas vitalicias para partícipes de planes de pensiones”.

No son los únicos que toman como base un plan de pensiones para asegurar el dinero periódico. Vida Caixa, asimismo, lanzó a finales de año Rentas Plan, una solución para personas que cuentan con un plan de pensiones. “Tanto Rentas Plan como el resto de la gama de rentas vitalicias han tenido una muy buena respuesta por parte del mercado. El año pasado fueron una de las claves del éxito del ejercicio”, explica José Antonio Iglesias, subdirector general de clientes y oferta de VidaCaixa.

También Caser ha incluido rentas de este tipo en la nueva gama de productos de ahorro e inversión lanzados recientemente. En concreto, el servicio Oportunidad de Oro ofrece a mayores de 65 años una renta vitalicia por la venta de un bien, “como puede ser una vivienda, un terreno, una obra de arte o una licencia de taxi”.

De cualquier modo, la fiscalidad es un gran reclamo tras la reforma de hace un par de años y en este caso es “especialmente atractiva en edades cercanas a la jubilación. Por lo tanto, son productos pensados para personas a partir de 60 años que disponen de un capital o ahorro acumulado en un plan de pensiones y que desean optimizar su cobro”, asegura Iglesias.

“Los PPA y planes de pensiones tienen grandes ventajas fiscales en las aportaciones (reducen la base imponible), mientras que las rentas tienen su atractivo en las elevadas exenciones en el IRPF cuando se perciben”, resume el responsable de Mapfre Vida.

No obstante, no todos los expertos los recomiendan. “Los tipos de interés están en mínimos históricos, lo que hace que este tipo de productos sean menos atractivos que hace unos años para los clientes, y también menos interesantes para las compañías de seguros, que para poder asumir con seguridad el riesgo de longevidad necesitan contar con un colectivo asegurado muy amplio”, opina Belén Alarcón, socia y directora de planificación patrimonial de Abante, quien recuerda que con un PPA o plan de pensiones “también se puede optar por establecer un plan de rentas sobre el ahorro acumulado, pudiendo elegir el importe de la renta, la periodicidad y el objetivo de rentabilidad”. En este caso, la duración de la renta será “hasta que se agote el capital, que puede ser que llegue hasta tu fallecimiento o no”.

A este respecto, la portavoz de finanzas personales de Kelisto.es, Estefanía González, recomienda contratar un seguro de fallecimiento junto a la renta vitalicia, “de esa forma, si la persona que ha suscrito el seguro muere, sus herederos podrán cobrar la prima aportada, el 100% o la cantidad que se haya pactado con la aseguradora”.

Igualmente, apunta que estos productos “están pensados para un perfil de ahorrador que no desee correr demasiados riesgos y que, además, no disponga de conocimientos para gestionar una cartera de inversión más compleja, con la que se podrían obtener mejores rentabilidades”.

Además de estas rentas vitalicias y temporales que, según los datos que maneja Unespa, “constituyen el producto más relevante en términos de ahorro gestionado”, el sector está notando cómo crecen otros productos de reciente creación: los seguros individuales de ahorro a largo plazo (Sialp), los popularmente conocidos como planes de ahorro 5, que movían a cierre del pasado año 1.991 millones de euros.

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Acuerdo a la vista para subir las bases y pensiones máximas

En la próxima reforma de pensiones que está preparando el Gobierno, uno de los principales esfuerzos “deberá venir de los propios cotizantes, sobre todo de aquellos con mayores ingresos”.

Así lo ha confirmado hoy el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, durante su intervención en la jornada El sistema público de pensiones: aportaciones a un debate –organizada por CincoDías en colaboración con Liberbank y Mutua Madrileña–.

Burgos ha considerado que, con la vista puesta en la próxima reforma, “no hay que dejarse llevar por el determinismo demográfico que nos haga tomar decisiones ultradefensivas”, ha dicho. En lugar de eso, “hay que atender a la demografía pero, sobre todo, a la democracia y lo que quiere la gente es más Seguridad Social, no menos”.

Ante esto, Burgos ha precisado que “los ingresos no van a caer del cielo” y por “hay que ver si podemos determinar entre todos y con consenso el origen de dichos ingresos”.

El Gobierno piensa, por tanto, recaudar más de los que tengan rentas salariales más altas y, por tanto, cotizan más a la Seguridad Social. Esta apuesta, según ha avanzado Burgos, podría contar ya con acuerdo de varios de los negociadores.

Las bases máximas del sistema ya han crecido un 3% en 2017, pero “aún tiene más recorrido”, ha insistido Burgos. Es más, ha explicado que actualmente la correlación entre contributividad y solidaridad en la pensión máxima es de un 80/20. Esto quiere decir que con el 80% de lo aportado por los cotizantes de bases máximas se costea su pensión y el 20% restante se destina a pagar las prestaciones de otros de forma solidaria. “Y hemos llegado al punto más bajo de esa correlación.

“A partir de aquí cualquier incremento de la base máxima tendrá que venir acompañado de un incremento también de la pensión máxima”, ha asegurado el secretario de Estado de la Seguridad Social. “Ahí hay ya recorrido suficiente para llegar a acuerdos”, ha añadido.

Consecuentemente, esto se traducirá en previsibles nuevos incrementos de las bases máximas de cotización y los proporcionales aumentos de las pensiones máximas.

Cara a cara entre responsables de la Seguridad Social

Además, los asistentes a esta jornada han presenciado hoy el primer cara a cara que se produce de los dos últimos secretarios de Estado de la Seguridad Social, defendiendo cada uno de ellos sus reformas y su visión de futuro para el sistema de pensiones.

Así, Octavio Granado, el que fuera máximo responsable de la Seguridad Social con los dos Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido muy crítico con los efectos de la reforma laboral de 2012 sobre los ingresos de la Seguridad Social.

“La actual situación financiera del sistema –con un déficit que llegó en 2016 a los 18.000 millones de euros– es heredera de la crisis de 2008. Pero se complicó notablemente por la clarísima devaluación competitiva que se produjo por la devaluación salarial que permitió la reforma laboral”, ha dicho hoy Granado.

A esto ha unido “los miles de millones” de bonificaciones al empleo que no son reembolsados por el Estado y los “enormes” gastos que produce al sistema la jubilación anticipada. Desde 2008, “ha habido una tormenta perfecta que ha multiplicado por doce el déficit de la Seguridad Social hasta situarlo en el actual 0,18% del PIB”.

Ha dibujado además un futuro en el que “con toda seguridad subirán los tipo de interés en algún momento, y subirá la inflación y quizás la economía no crezca”. En este escenario, ha recordado que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) cifró en un 7% el recorte del poder adquisitivo de las pensiones entre 2013 y 2022. Y a esto ha añadido la disminución de un 5% o 6% de las nuevas pensiones a partir de enero de 2019 por efecto del factor de sostenibilidad.

Según esta descripción de la situación de la Seguridad Social, el exdirigente socialista ha rechazado tajantemente algunas propuestas del actual Gobierno, como la posibilidad de compatibilizar un empleo remunerado a la vez que se cobra el 100% de la pensión (actualmente solo se puede cobrar el 50% en esta situación). “No hay que compatibilizar trabajo y pensión; eso es una barbaridad”. Y ha considerado que el Ejecutivo debería ser “más prudente” a la hora de permitir la jubilación anticipada de algunos colectivos, en clara referencia a los policías municipales, que negocian su retiro temprano.

Las respuestas del actual secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, no se hicieron esperar. Justificó la compatibilización de un trabajo con la pensión, “porque los mayores y los jóvenes no compiten por los mismos puestos de trabajo”. Recordó a Granado que el Gobierno socialista reguló la jubilación anticipada de la policía autónoma vasca y defendió que el Estado costee ahora políticas activas de empleo que durante la crisis abonó la Seguridad Social.

 

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Lagares: subir IVA y bajar cuotas para pagar pensiones

El catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), Manuel Jesús Lagares, ha propuesto este miércoles reducir al 10% las cotizaciones sociales que pagan empresarios y trabajadores –y que actualmente superan el 30%– e incrementar los tipos de IVA normal y reducido entre dos y cuatro puntos para financiar el sistema de pensiones.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso, el catedrático que lideró el grupo de expertos que informó la reforma fiscal de 2014 ha explicado que el sistema de pensiones afronta problemas “muy serios” tanto demográficos por el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población, como económicos, causados por la obligación de pagar cuantías más altas cuando hay menos cotizantes y, por ende, menos ingresos.

De hecho, según sus cálculos, el gasto público en pensiones podría copar el 50% del total de gasto público en pocos años, por lo que la sociedad se enfrenta a la disyuntiva de “o reducir las pensiones o reducir el resto de gastos”, es decir, partidas como las de sanidad o la educación.

“Eso si no cambiamos la financiación de las pensiones. Y no vale decir que con el pleno empleo se resolverá todo, porque incluso con eso seguiremos teniendo problemas serios de déficit en la Seguridad Social”, ha apostillado a renglón seguido. SISTEMA MIXTO DE PENSIONES

Por eso, Lagares aboga cambiar “sustancialmente” las cotizaciones sociales que financian las pensiones aplicando una “reducción fortísima” de los tipos, que deberían bajar del actual entorno del 30% que actualmente aportan entre empresarios y trabajadores a “no más del 10%”. Esto impactaría positivamente en la contratación y liberaría recursos para que empresas y empleados dedicaran dinero a fondos complementarios obligatorios.

Para compensar “parcialmente” la pérdida de ingresos de la Seguridad Social, el catedrático cree que los tipos general y reducido del IVA deberían incrementarse entre un 2% y un 4% a modo de “recargo solidario” para las pensiones, así como eliminar exenciones y productos a los que se aplica el tipo superreducido. Esta medida evitará, además, el problema que se generará progresivamente conforme se sustituyan muchos puestos de trabajo por máquinas que no pagarán cotizaciones.

Asimismo, haría falta destopar las cotizaciones, cambiar el reparto entre trabajadores y empresas y sustituir el sistema de aportación según la categoría profesional por los ingresos reales del trabajador. “Éste sería un sistema limpio, moderno y mucho más flexible”, ha afirmado Lagares.

En paralelo a las modificaciones de los ingresos de la Seguridad Social, el experto también ha defendido que se debería ir a un sistema de cuentas nocionales por el que el jubilado cobre en función de lo que ha aportado durante su vida laboral, manteniendo eso sí los complementos a mínimos.

En este sentido, se ha mostrado favorable al factor de sostenibilidad introducido en 2013, olvidándose de las revalorizaciones periódicas, ha defendido la necesidad de retrasar la edad de jubilación “selectivamente” en algunas profesiones y ha abogado por que la pensión pública no supere el 40-50% del último salario.

Sistemas complementarios

La otra pata del sistema mixto que propone Lagares lo constituyen los planes complementarios obligatorios en las empresas, que se financiarían gracias a los recursos liberados con la reducción de cotizaciones, en una cuantía aproximada del 10% de los salarios a aportar entre empresarios y trabajadores. “Esto está teniendo excelentes resultados en todos los países y en las empresas en España que lo hacen”, ha dicho.

Además, habría que aplicar cambios en las pensiones voluntarias individuales, manteniendo los límites para las aportaciones pero impidiendo su capitalización, de modo que funcionen como pagos periódicos a lo largo de toda la vida del beneficiario. Además, los intereses generados por estos fondos no deberían tributar como rendimientos del trabajo sino como capital mobiliario.

“El problema de las pensiones es tan grave que no podemos pensar que lo van a resolver sólo los empresarios y los trabajadores, lo tenemos que resolver entre todos de forma solidaria”, ha dicho Lagares, advirtiendo de que implementar este tipo de medidas exige “plazos dilatados” de entre 20 y 25 años para que dé tiempo a realizar aportaciones suficientes a los planes complementarios y para tener margen de maniobra si hay que corregir alguna cosa.

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