La policía desmantela una red de venta de tabaco tóxico

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y las policías de Bulgaria y Rumanía han desmantelado una de las mayores redes de contrabando de tabaco en Europa, nocivo en muchos casos para la salud, y se ha incautado de 1.560.000 cajetillas valoradas en 6 millones de euros.

Se trata de la operación “Mangalica”, que se ha saldado con 42 detenidos (30 en España, 11 en Rumanía y 1 en Bulgaria) y 58 registros (18 en España, 38 en Rumanía y 2 en Bulgaria), según han explicado hoy en rueda de prensa los responsables de la investigación.

Una operación que comenzó en mayo del pasado año al constatar la existencia de una organización criminal internacional que distribuía desde fábricas legales de tabaco, ubicadas en Ucrania, Bulgaria y Grecia, y a través de Rumanía, grandes cantidades de marcas blancas este producto -hasta 32 diferentes se han detectado- a España, especialmente a Andalucía.

Sin pagar los correspondientes impuestos que el tabaco soporta en nuestro país, con una fiscalidad más alta que en los territorios donde se fabricaba, la red ahora desmantelada contaba con una estructura en Andalucía para la distribución de las cajetillas en domicilios particulares, bazares, locutorios y otras tiendas, muchas de ellas regentadas por árabes y chinos.

Es en estos lugares donde el consumidor adquiría las cajetillas por entre 2,5 y 3 euros cada una. Los investigadores calculan que la ganancia del intermediario por cada cajetilla era de medio euro y la del distribuidor de entre 1 y 1,5 euros.

Para dar idea de esos beneficios, el comandante del Grupo de Delincuencia Económica de la UCO ha explicado que una determinada cantidad de contenedores se podía adquirir en origen por entre 130.000 y 200.000 euros y ya en el mercado el valor se elevaba a los 1,5 millones.

Los investigadores han puesto de manifiesto no solo la competencia desleal con los productores y distribuidores legales, sino también el perjuicio para la salud del consumo de un tabaco falsificado muchas veces. Tanto es así, que los miembros de la organización no lo consumía

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Primeras plazas de la oferta de empleo: policía y guardia civil

Los Presupuestos Generales del Estado que ha aprobado el Gobierno incluye una oferta de empleo público (OEP) para 2017 de alrededor de 67.000 plazas de reposición, y un proceso de reducción de la interinidad que conllevará la conversión de hasta 250.000 interinos en fijos en un plazo de tres años, con el fin de reducir la interinidad en las administraciones del 25% actual al 8% en ese periodo.

El Ejecutivo ha aprobado un decreto ley para adelantar 7.969 plazas de la oferta pública de empleo para 2017, para los ámbitos de la educación, las fuerzas armadas, la policía y la guardia civil, ha anunciado hoy el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montoro ha detallado que este decreto ley incluye la convocatoria de 6.005 plazas de acceso libre, 1.673 de promoción interna y 291 de otro tipo.

El resto de las plazas de la oferta pública de empleo de 2017 serán convocadas por las comunidades autónomas y, según los cálculos de Hacienda, alcanzarán las 10.000 en el ámbito educativo no universitario y a 1.500 para profesores universitarios.

En concreto, se ha aprobado la convocatoria de una promoción de 3.331 plazas para acceder a la Policía Nacional y otras 1.866 para ingresar en la Guardia Civil. n total, 5.197 nuevas plazas de policía y guardia civil contempladas hoy en el decreto ley de oferta de empleo público de 2017.

Con las convocatorias que realizará la Policía y la Guardia Civil, las plantillas de ambos cuerpos superarán la tasa de reposición de otros años, que se situaban en torno al 10% de las bajas que se producían.

De las 3.331 nuevas plazas para ingresar en la Policía, 130 serán para la escala ejecutiva por acceso libre (inspectores), en tanto que la mayoría -3.201- serán para la escala básica, de la que 640 estarán reservadas para militares de tropa y marinería que lleven al menos 5 años de servicios, tal y como recoge la ley.

Mientras, de la propuesta de la Guardia Civil también la mayoría, 1.801, será ofertada para ingresar en el escala de cabos y guardias y 65 en la Escala de Oficiales. Se reservará hasta un 50 por ciento, 721 plazas, para militares profesionales de tropa y marinería con al menos 5 años, y hasta un máximo de un 20 por ciento, esto es 175, para los alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes.

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Empleo enfría la jubilación anticipada de la policía local

El 27 de septiembre, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, anunció que la Junta de Gobierno de la FEMP había dado el visto bueno para que los policías locales se pudieran jubilar anticipadamente con 60 años. La fórmula propuesta por Caballero pasaba porque los ayuntamientos asumieran el 85% del sobrecoste por ese retiro anticipado y el 15% lo abonara el trabajador. Los detalles de ese acuerdo fueron remitidos al Ministerio de Empleo para su ratificación y su plasmación en un decreto ley y posteriormente en un desarrollo reglamentario. La FEMP ya había realizado con anterioridad dos informes, uno para cuantificar el coste de la medida y otro sobre la catalogación como profesión de riesgo que habían recibido el visto bueno de Empleo. Todo hacía presagiar que la tramitación del decreto ley para aprobar el retiro anticipado arrancaría de inmediato. Una delegación de CSIF, el sindicato más representativo de la función pública, se reunió este verano con el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, que reiteró el compromiso del Ministerio con este proyecto. En ese encuentro, CSIF insistió en la “urgencia” de aprobar “cuanto antes” la jubilación anticipada, como se comprometió Empleo en noviembre de 2015.

Sin embargo, el conflicto que lleva encallado diez años parece que todavía tendrá que esperar algún tiempo más. En el camino ha surgido un nuevo obstáculo. Báñez ya ha respondido a Caballero. En la misiva, a la que ha tenido acceso CincoDías, reclama una propuesta formal sobre dos cuestiones: si está dispuesta la FEMP a asumir el sobrecoste de la jubilación anticipada y si está en disposición de que aquellos que cumplan 55 años puedan pasar a la reserva. Esas son las dos cautelas que establece Empleo. La primera se basa en que no haya coste para la Seguridad Social y la segunda en que todos los ayuntamientos, al igual que sucede con otras profesiones catalogadas de riesgo, como los bomberos, deben disponer de una alternativa para aquellos profesionales con 55 años que decidan pasar a la reserva y prolongar su vida activa hasta la jubilación anticipada a 60 años. Fuentes sindicales confirman que hay muchos consistorios que no disponen de estos puestos, por lo que habría problemas para poner en marcha esa segunda alternativa. Por ejemplo, los bomberos cuando llegan a los 55 años pueden pasar a la denominada segunda actividad o servicios auxiliares, como tareas logísticas o mantenimiento.

Caballero mostró su descontento con las trabas que el Ministerio de Trabajo está poniendo a la efectiva puesta en marcha de la jubilación anticipada de los policías locales. “La actitud que observo en el Ministerio, con una carta de la titular en funciones, no es la de la cooperación para resolver este problema. Vemos una actitud poco cooperadora, no sé si llamarla de obstrucción”, reclamó. La medida permitirá adelantar la edad de jubilación a los 60 años, sin perder poder adquisitivo, a 70.000 efectivos, equiparándolos con otros colectivos parejos, como la Policía Nacional o los bomberos.

El modelo que Empleo y municipios barajan para el retiro anticipado establece que los ocupados que decidan retirarse de forma anticipada a los 60 años cobrarán su pensión íntegra, sin coeficientes reductores. Un sistema para el que se tomaría como referencia el que funciona en la policía local vasca, en el que se realiza una aportación adicional del 4% a la Seguridad Social.

En el caso de la policía local, el 85% del pago para evitar pérdidas de poder adquisitivo lo realizarían los ayuntamientos y el resto los propios trabajadores. Tampoco se aplicarían los coeficientes reductores que, por ejemplo, se fijan para los bomberos y que marcan cuando se pueden prejubilar. Así, un trabajador que haya cotizado 35 años a la Seguridad Social, de los que 20 haya sido como bombero, ¿cuándo podría jubilarse? Si se le aplica el coeficiente reductor del 0,2% por año trabajado, el resultado es que podría prejubilarse con 61 años y cuatro meses, cuatro años antes de la edad legal de jubilación.

 

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