Ron pide una indemnización tras 32 años en Popular

El expresidente de Banco Popular, Ángel Ron, negocia con la entidad el pago de una indemnización por su trayectoria laboral en la institución de 32 años a la que varias fuentes jurídicas reiteran que tiene derecho, y que es solicitada por gran parte de los directivos.

El que fuera hasta el pasado 20 de febrero presidente de Banco Popular, Ángel Ron, ha decidido reclamar a la entidad una indemnización por los 32 años que estuvo trabajando en esa institución, tras haber cesado de su cargo al ser sustituido por Emilio Saracho.

Fuentes financieras aseguran que esta petición está justificada y es una práctica habitual entre los altos cargos de las empresas cuando salen, y que ya incluso otros directivos de Popular lo han hecho tras sus salidas, ya que cuando un empleado llega a un cargo de alta dirección y lo deja queda en suspenso el resto de su relación laboral. Su reclamación está vinculada a un cambio normativo europeo que ha provocado cambios técnicos. Esta modificación lleva incluso a reclamar al servicio de mediación y arbitraje, algo que parece que ha hecho ya Ron, las exenciones fiscales de las indemnizaciones de la trayectoria laboral de un directivo en los años en los que no estaba considerado alta dirección una vez que se ha dejado la entidad, sobre todo como en el caso de Ron, que salió de Popular como despido improcedente.

El expresidente de la entidad salió del banco con una pensión de 24 millones de euros, pero sin ninguna indemnización por haber sido destituido de su cargo ni por haber trabajado en Popular 32 años en diferentes puestos hasta llegar en 2002 a ser nombrado consejero delegado; en 2004 a la copresidencia y en 2006 a presidente. La indemnización, sin embargo, no será muy alta, afirman otras fuentes.

El cobro de la pensión, y según varias fuentes financieras, es consecuencia de los derechos acumulados a lo largo de algo más de 32 años en la entidad, y no está en cuestión. Esta pensión se fija en los estatutos del banco y hasta la modificación de estos hace algo más de un mes, esta vía de ingresos para la jubilación era la opción que tenían los altos directivos de Popular de ser recompensados por su labor ya que sus sueldos son, en algunos casos, menores que en otras entidades financieras, lo mismo que la retribución variable, además, no se fijaba indemnización por despido para la alta dirección. Ahora se han cambiado los estatutos para subir el variable y fijar indemnización.

Ron percibirá 1,1 millones de euros al año como pensión vinculada al cumplimiento de un pacto de no competencia poscontractual durante 11 años, es decir, hasta que cumpla 65 años de edad. Recibió, además de la pensión anual, un sueldo de 1,47 millones de euros en 2016 por el desempeño de sus funciones, el mismo importe que un año antes, después de quedarse sin retribución variable.

Recibe también una retribución fija de 152.778 euros por el desempeño del cargo entre el 1 de enero hasta el pasado 20 de febrero, fecha en la que se celebró la junta extraordinaria de accionistas en la que Saracho fue nombrado consejero del banco. Minutos antes, en un consejo de administración, Ron había presentado su dimisión por decisión unánime de los consejeros.

Parece que el asunto puede resolverse amistosamente. En la junta extraordinaria del 20 de febrero varios accionistas minoritarios cargaron contra Ron y exigieron responsabilidades a la antigua cúpula tras reclamar su indemnización de 24 millones de euros al considerarle responsable de las pérdidas de Popular en 2016 de 3.485 millones de euros. Varias fuentes del banco han asegurado que, de momento, estos inversores minoritarios no han presentado ninguna reclamación. Y parece que, de aquí al 10 de abril, fecha en la que se celebra la junta ordinaria de la entidad, tampoco se espera que los accionistas reclamen. El banco tampoco lo hará.

Según el informe de remuneraciones de los consejeros de Popular de 2016, el cobro de la jubilación de Ron queda sujeto a que no se produzca un quebranto para el banco que derive de una acción social de responsabilidad.

Mientras, el banco decidió cerrar el pasado 13 de marzo la criticada web de Ángel Ron (www.angelron.es), en la que destaca sus méritos al frente de la entidad y los premios recibidos. Esta página fue creada por Banco Popular en 2010.

Roberto Higuera, actual vicepresidente primero de la entidad y consejero delegado entre 2008 y 2009, dejará Popular en los próximos días, tras casi 50 años trabajando en el banco. Saracho ha fichado a otro consejero independiente.

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Popular deja Sunrise al tener otra solución para el ladrillo

Las especulaciones sobre el futuro de Banco Popular no han logrado disiparse tras la llegada a la entidad de Emilio Saracho el pasado 20 de febrero, aunque es cierto que se han atemperado ligeramente. Sus bajos ratios de solvencia tras realizar un fuerte saneamiento en 2016, alimentan los rumores, y parece que hasta que no demuestre al mercado su poder de resurgir como el Ave Fénix, con alguna operación importante de venta el mercado no le dejará de ver como una presa fácil.

Su nivel de capital regulatorio se situó en el 8,17% en diciembre, por debajo del 10,5% que le exigirá el BCE en enero de 2019, y también por debajo de la media del sector. Gran parte del consumo de capital se debe a su alto nivel de riesgos, consecuencia del lastre del ladrillo, su principal calvario. Pero una parte sustanciosa de las soluciones diseñadas por el anterior presidente, Ángel Ron, han desaparecido o se han modificado.

Entre las fórmulas que en las últimas semanas han tomando más forma para reducir el peso de los activos inmobiliarios en su balance están las de crear una sociedad con un socio para agrupar en ella una parte significativa de su ladrillo. La otra vía es potenciar aún más lo que en el banco denominan Nita, la dirección general de negocio inmobiliario y transformación de activos, que dirige Francisco Sancha.
Esta unidad, aunque fue diseñada en la etapa de Ron, es ahora cuando ha tomado mayor protagonismo, y está a la espera (lo que parece que será en breve) de que el Banco Central Europeo (BCE) emita su opinión sobre la nueva estructura de esta división.

Todos los bancos europeos deben remitir al BCE sus planes antes del 31 de marzo para reducir sus activos inmobiliarios, lastre de todo el sector financiero europeo, y por lo tanto de su morosidad. Y es en esta reclamación del supervisor europeo donde encaja el envío de la nueva configuración y planes de esta unidad de Popular conocida como Nita.

En el consejo de administración que celebra hoy Popular se espera que analice la marcha de esta división. Hasta enero el proyecto inicial pasaba por desprenderse de unos 15.000 millones de euros en activos vinculados al ladrillo hasta 2018, el 45% de su lastre, de los que unos 9.000 millones se venderían a través de la dirección inmobiliaria. Pero ahora los números variarán. La idea, de hecho, es potenciar la venta, pero también las recuperaciones.

Y es que una parte de la red inmobiliaria tiene como fin la reducción de las entradas en morosidad. El banco contará para ello con la colaboración para este fin de la sociedad de recobros EOS para los incumplimientos y de Aliseda, en la que controla el 49%, y que parece cada vez más lejos la posibilidad de hacerse con el 51% que el banco vendió a Värde Partners y Kennedy Wilson.

La red inmobiliaria está formada por 40 oficinas y una plantilla de 400 empleados.

Otra vía que ha puesto en marcha el banco es la búsqueda de socios para crear sociedades inmobiliarias, a poder ser temáticas. De momento, Popular ha negociado con el conglomerado griego Libra la aportación de fondos para traspasarle parte de su riesgo inmobiliario, según informa El Confidencial.

La idea era el traspaso a una nueva sociedad de los activos vinculados al ocio y turístico en poder de Banco Popular, en la que este grupo de origen griego estadounidense tendría el 51% y Popular el 49%. Libra incluiría también activos principalmente hoteleros suyos. El máximo accionista y principal directivo de Libra es George Logothetis, y abarca un amplio abanico de actividades desde las energías renovables hasta las flotas de aviones y helicópteros, el transporte marítimo, las finanzas, el sector hotelero y el inmobiliario. En las conversaciones se incluía que Libra invirtiera unos 500 millones de euros para aligerar el lastre inmobiliario de Popular. Y su fin último era su salida a Bolsa.

Pero al final, según apuntan varias fuentes, este proyecto ha quedado paralizado, aunque no descartado. El proyecto que sí ha quedado enterrado casi por completo, aunque difícilmente se reconocerá que ya no se llevará a cabo, es Sunrise. Este era el proyecto estrella de Ron para eliminar gran parte de su cartera inmobiliaria.

La idea era traspasar a este vehículo unos 6.000 millones de euros en activos inmobiliarios que desconsolidarían del balance de Banco Popular tras un complejo entramado de financiación, y su posterior salida a Bolsa.

Saracho parece que no ha visto desde que llegó al banco con buenos ojos este proyecto, y ha decidido meterlo en un cajón con el sello de sine díe. Ahora las dudas son qué pasará con Remigio Iglesias y Roberto Rey, dos ejecutivos fichados el pasado año por Popular para ser el presidente y el consejero delegado, respectivamente de Sunrise.

Otra puerta abierta que tiene Popular es acudir al banco malo europeo que tiene previsto crear el BCE, aseguran fuentes del mercado. La acción de Popular, de hecho, fue la más alcista el martes, con un rebote del 3,24%, después de que la Autoridad Bancaria Europea se mostrase el lunes a favor de crear un banco malo europeo para solucionar el problema de los créditos problemáticos, proyecto que también comparte el BCE.

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Popular nombra a Miguel Escrig director general adjunto al presidente

El consejo de administración de Banco Popular aprobó ayer convocar su junta general de accionistas para el próximo día 10 de abril. También aprobó el fichaje de Miguel Escrig Meliá, exdirector financiero de Telefónica hasta noviembre, director general adjunto a presidencia. Escrig también trabajó en JP Mogan como Emilio Saracho, presidente de Popular, y en Banco Santander.

El consejo de administración de Banco Popular ha decidido finalmente convocar la que será la primera junta de accionistas del actual presidente de la entidad, Emilio Saracho, para el próximo día 10 de abril, justo un año después que la celebrada para aprobar los resultados de 2015 (el 20 de febrero se celebró otra junta extraordinaria, pero fue para nombrar a Saracho consejero). Hasta hace unos días la idea era retrasar esta reunión hasta mayo, una vez que el nuevo primer ejecutivo de Popular tuviera completamente diseñada su hoja de ruta para presentar a los accionistas. Saracho, sin embargo, ha preferido acelerar la celebración de la junta para explicar a los accionistas lo antes posible algunos de los planes que pondrá en marcha en la entidad.

En esta junta se someterá a aprobación por parte de los accionistas las cuentas anuales correspondientes a 2016, y que supusieron unas pérdidas de 3.222 millones de euros, según consta en el hecho relevante remitido ayer a la CNMV. También se someterá a aprobación la gestión social de ese ejercicio.

En el punto cuarto del orden del día el banco solicita autorización para ampliar capital hasta un máximo del 50% del capital social de la entidad, lo que equivale a unos 1.100 millones de euros, en un plazo de tres años. En el banco explican que esto no significa que se vaya a llevar a cabo una nueva inyección de capital, sino que es un formalismo que se incluye desde hace años en las convocatorias de prácticamente todas las juntas de Popular y del resto de los bancos.

Hay que recordar que Popular ya amplió capital en mayo de 2016, por un importe de 2.500 millones de euros que se destinó a sanear el balance de la entidad. Lo mismo aseguran sobre la autorización para realizar emisiones por parte del banco.

Uno de los puntos novedosos de la junta es el relativo a la aprobación del “límite máximo de la remuneración variable hasta el 200% del componente fijo de la remuneración total de consejeros ejecutivos y miembros del colectivo identificado”. La entidad explica que este punto ya fue incluido en su informe del gobierno corporativo hace un mes, pero que se ha querido ahora incluir para que lo apruebe la junta. Además, añade que es un requisito legal que lo tienen ya el resto de los bancos.

El consejo también aprobó ayer el fichaje de Miguel Escrig Meliá como director general adjunto a la Presidencia. De 53 años de edad, Escrig ya ha trabajado con Saracho en JP Morgan. Su último cargo fue el de director financiero de Telefónica, cargo que ocupó desde 2010 hasta noviembre de 2016. Antes había trabajado también en Santander (en 1990), entre otras empresas.

Este fichaje se une al de los dos consejeros independientes que se nombraron en febrero: Carlos González Fernández y Antonio González-Adalid. El objetivo es seguir con la renovación del consejo y de la directiva.

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