La policía desmantela una red de venta de tabaco tóxico

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y las policías de Bulgaria y Rumanía han desmantelado una de las mayores redes de contrabando de tabaco en Europa, nocivo en muchos casos para la salud, y se ha incautado de 1.560.000 cajetillas valoradas en 6 millones de euros.

Se trata de la operación “Mangalica”, que se ha saldado con 42 detenidos (30 en España, 11 en Rumanía y 1 en Bulgaria) y 58 registros (18 en España, 38 en Rumanía y 2 en Bulgaria), según han explicado hoy en rueda de prensa los responsables de la investigación.

Una operación que comenzó en mayo del pasado año al constatar la existencia de una organización criminal internacional que distribuía desde fábricas legales de tabaco, ubicadas en Ucrania, Bulgaria y Grecia, y a través de Rumanía, grandes cantidades de marcas blancas este producto -hasta 32 diferentes se han detectado- a España, especialmente a Andalucía.

Sin pagar los correspondientes impuestos que el tabaco soporta en nuestro país, con una fiscalidad más alta que en los territorios donde se fabricaba, la red ahora desmantelada contaba con una estructura en Andalucía para la distribución de las cajetillas en domicilios particulares, bazares, locutorios y otras tiendas, muchas de ellas regentadas por árabes y chinos.

Es en estos lugares donde el consumidor adquiría las cajetillas por entre 2,5 y 3 euros cada una. Los investigadores calculan que la ganancia del intermediario por cada cajetilla era de medio euro y la del distribuidor de entre 1 y 1,5 euros.

Para dar idea de esos beneficios, el comandante del Grupo de Delincuencia Económica de la UCO ha explicado que una determinada cantidad de contenedores se podía adquirir en origen por entre 130.000 y 200.000 euros y ya en el mercado el valor se elevaba a los 1,5 millones.

Los investigadores han puesto de manifiesto no solo la competencia desleal con los productores y distribuidores legales, sino también el perjuicio para la salud del consumo de un tabaco falsificado muchas veces. Tanto es así, que los miembros de la organización no lo consumía

Sección Empresas | Cinco Días

Hacienda gravará las bebidas azucaradas y subirá tabaco y alcohol

El Consejo de Ministros que se celebra este viernes aprobará un incremento fiscal sobre los impuestos especiales de tabaco y alcohol. Hacienda también fijará un nuevo gravamen sobre los productos con alto contenido en azúcar, reducirá incentivos fiscales para las grandes empresas en el impuesto sobre sociedades y presentará un nuevo plan de lucha contra el fraude fiscal que limitará a 1.000 euros los pagos en efectivo.

El Gobierno ya ha preparado así la batería de medidas que Bruselas le exigió para reducir el déficit público en 2017 y cumplir el objetivo de estabilidad. El impuesto que gravará las bebidas carbonatadas azucaradas, medida que ha avanzado Cinco Días, afectará especialmente al sector de los refrescos. Se trata de una medida que otros países como el Reino Unido ya han aplicado y que se justifica por motivos de salud y para reducir el consumo de azúcar. La Generalitat de Cataluña incluyó en su presupuesto un tributo similar, sin embargo, dos administraciones no pueden gravar el mismo hecho imponible y prevalecerá el tributo a nivel estatal. Fuentes de la Administración señalan que no existe un afán recaudatorio e indican que el tributo sobre las bebidas azucaradas aportará algo menos de 200 millones de euros.

El decreto también contemplará una subida de los impuestos especiales que gravan el alcohol y el tabaco. La medida no afectará a la cerveza, que cuenta con un impuesto particular, ni al vino, que seguirá con un tipo del 0% como hasta ahora. La subida al alcohol, como ya sucedió en 2013, se limitará a los destilados (whisky, ginebra o vodka, entre otros). En el caso del tabaco, la reforma que impulsará el Ejecutivo contempla cumplir con la normativa europea que exige eliminar el llamado doble mínimo, una figura ideada para evitar que el tabaco se venda por debajo de determinado precio. La supresión del doble mínimo se acompañará de un incremento de los tipos impositivos que ya sufre actualmente el tabaco. Hoy, casi el 80% del precio medio de una cajetilla de tabaco son impuestos. Aun así, el menor consumo y el aumento de la distribución ilegal ha reducido la recaudación de un tributo que, en 2010, aportaba 7.400 millones y que actualmente recauda en torno a 6.600 millones.

Si bien también estuvo en estudio, el Gobierno ha descartado un incremento fiscal del impuesto sobre hidrocarburos. Tampoco se plantean cambios en el IRPF y el IVA. Sin embargo, en el impuesto sobre sociedades, Hacienda aprobará una reducción de los beneficios fiscales. La medida afectará únicamente a las grandes empresas y el objetivo es que aumente la aportación fiscal de las multinacionales.

En concreto, el Ejecutivo plantea restringir aún más la posibilidad de deducir los gastos financieros, elevar la limitación para compensar bases imponibles negativas y reformular el artículo 21 que regula “la exención para evitar la doble imposición sobre dividendos y rentas derivadas de la transmisión de valores de entidades residentes y no residentes en territorio español”. Ciudadanos ha denunciado que esta exención permite que grandes plusvalías obtenidas por las multinacionales queden sin tributar.

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Las próximas subidas de impuestos de Rajoy: sociedades, tabaco y diésel

El nuevo Gobierno ya ha empezado a trabajar en medidas para reducir el déficit público y cumplir con las nuevas exigencias de Bruselas. El Ejecutivo estudia medidas que permitan, sin subir el tipo impositivo, elevar la recaudación del impuesto sobre sociedades. Ello podría lograrse con la supresión de deducciones y beneficios fiscales. Hacienda también tiene en la agenda elevar impuestos especiales como el de hidrocarburos.

Todas las previsiones, incluidas las oficiales, apuntan a una desaceleración de la economía en 2017. El frenazo puede afectar negativamente a la evolución de los ingresos públicos en un contexto en el que Bruselas exige que España reduzca su abultado déficit público. El Gobierno de Mariano Rajoy asegura que está en disposición de cumplir el objetivo de estabilidad del 4,6% del PIB que fijó Bruselas en verano. Sin embargo, en 2017, el porcentaje debe reducirse al 3,1%.

El Plan Presupuestario de 2017 que el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy entregó en octubre a la Comisión Europea contemplaba que, sin medidas adicionales, el déficit público bajará al 3,6% del PIB el próximo año. Por lo tanto, el nuevo Ejecutivo deberá aplicar un ajuste adicional de 5.000 millones para que los números rojos se sitúen al 3,1%que exige la Comisión Europea. Las medidas pueden adoptarse por el lado de los ingresos o de los gastos. Y Hacienda ya ha empezado a trabajar en un ajuste impositivo.

Descartado cualquier incremento del IRPF, el Gobierno plantea modificar el impuesto sobre sociedades para elevar la recaudación. No se contempla elevar el tipo nominal del 25% que el primer Gobierno de Mariano Rajoy redujo. La idea es reducir los beneficios tributarios y endurecer las condiciones fiscales para las grandes empresas. Sin mayoría en el Congreso, el Ejecutivo de Rajoy entiende que elevar la aportación fiscal de las grandes empresas sería bien recibido por el PSOE y por Ciudadanos. De hecho, el pacto que firmaron PP y la formación de Albert Rivera contemplaba “reformar en profundidad el impuesto de sociedades para cerrar agujeros, mejorar el control y recaudar más sin subir los tipos nominales de este impuesto, con el objetivo de aproximar los tipos efectivos de las grandes empresas a los nominales”.

El PSOE y Podemos también propusieron medidas para elevar los impuestos a las grandes empresas. Por lo tanto, hay un amplio margen de acuerdo. Entre otras medidas, se plantea modificar la actual exención por las plusvalías obtenidas por filiales en el extranjero y, que según han denunciado los inspectores de Hacienda y Ciudadanos, permite a las multinacionales lograr grandes beneficios sin tributar por ellos.

Hacienda también estudia la posibilidad de aplicar nuevas restricciones en la compensación de bases imponibles negativas. Por otra parte, este mes entró en vigor la recuperación de un tipo mínimo en los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades. Se trata de una medida de urgencia que adoptó Hacienda ante la caída de la recaudación que originó, precisamente, la retirada a partir de enero de un gravamen mínimo en los anticipos a cuenta. En el pago fraccionado de octubre, las empresas que facturan más de diez millones deben abonar al fisco como mínimo el 23% del resultado contable y, en el caso de las entidades financieras, el porcentaje aumenta al 25%. El Gobierno espera recaudar 8.300 millones de euros.

Para evitar que se repita el agujero fiscal, Hacienda comunicó a Bruselas que el gravamen mínimo no tiene “fecha límite de vigencia”, aunque el ministro Cristóbal Montoro aseguró que se retiraría cuando el déficit baje del 3% del PIB, algo que está previsto para 2018. Además, Hacienda tiene pendiente adoptar medidas comunitarias para atajar la elusión fiscal. Entre ellas, destaca el endurecimiento de la figura del exit tax, el impuesto de salida que se exige a las empresas que cambian su residencia fiscal. Bruselas reclama que se grave a las compañías también cuando trasladen activos a una filial ubicada en otro país. Ello requerirá un cambio legislativo.

Junto a los incrementos fiscales para las grandes empresas, Hacienda también estudia adoptar medidas en el ámbito de los impuestos especiales, donde entiende que existe cierto margen de recorrido en tributos como el tabaco. Además, la subida de los impuestos que gravan los hidrocarburos parece muy probable y ya la temían desde antes de las primeras elecciones las petroleras y los transportistas. Ambos colectivos basaban sus temores en tres factores: el abaratamiento del petróleo, la lucha contra el cambio climático y el menor peso de los impuestos con respecto al resto de países de la zona euro.

Una subida fiscal con fines medioambientales podría recibir el aval de la oposición, que defendió medidas en la misma dirección. Los socialistas abogaron durante la campaña electoral por reformar el impuesto de hidrocarburos mediante la creación de impuestos verdes y la homogeneización de los tipos que aplicaban las autonomías. Podemos apostaba por igualar los tipos impositivos que gravan la gasolina y el gasóleo con el fin de desincentivar la compra y el uso de los vehículos diésel, que son más contaminantes. De hecho, la legislación europea exigirá que se incremente a partir de 2018 la fiscalidad sobre el gasóleo y el gas natural. Una medida que el Gobierno podría adelantar a 2017 y que contaría con el visto bueno de Bruselas, que en más de una ocasión ha recordado que España tiene los impuestos medioambientales por debajo de la media europea.

La Comisión Europea también presiona para que España reduzca el número de bienes y servicios que aplican tipos reducidos en el IVA. El Ejecutivo podría seguir esa recomendación y adoptar una reclasificación de productos que, en cualquier caso, incluiría una reducción del IVA cultural que soporta el cine del 21% al 10%. Rajoy se comprometió a ello con Ciudadanos.

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