No es economía colaborativa todo lo que reluce

Desde que en 2011 la revista Time definiera el fenómeno de la economía colaborativa como una de las diez ideas que cambiarían el mundo, son muchas las startups que han nacido y crecido bajo ese paraguas. De hecho, según datos estimados por la consultora PricewaterhouseCoopers en 2016 se hablaba de un mercado global potencial de 570.000 millones de dólares para 2025. Sin embargo, la popularización de ese término ha generado mucha confusión sobre su significado, algo que debe evitarse, según la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) si, como defienden la Comisión Europea y la CNMC en España, se quiere impulsar y regular los nuevos sectores vinculados a internet.

Ante este escenario, Adigital y Sharing España, colectivo que agrupa a las empresas de economía colaborativa, presentan hoy el primer estudio que define qué es y qué no es economía colaborativa y clasifica las actividades que tienen lugar dentro de las plataformas digitales que operan en este sector. El análisis propone distinguir entre actividades de economía colaborativa, economía bajo demanda y economía de acceso.

“Desde Sharing España hemos venido observando una fragmentación cada vez mayor de este concepto, desde aproximaciones bastante restrictivas, que solo consideran economía colaborativa los modelos entre particulares o P2P (peer to peer), hasta posiciones más amplias que también consideran incluidas la denominada economía bajo demanda o de acceso”, explica José Luis Zimmermann, director general de Adigital y portavoz de Sharing España. “Hemos considerado oportuno realizar este ejercicio de clasificación porque las reglas de juego no son las mismas en todas ellas”.

Para hacer una categorización correcta, Adigital y Sharing España se han fijado especialmente en el rol que desempeñan las plataformas. Así, establecen que entran dentro de la economía colaborativa aquellos modelos en los que una plataforma digital actúa como intermediaria, facilitando la utilización, el intercambio o la inversión de bienes o recursos, entre iguales (particulares o empresas), o de particulares a empresas (siempre que parta del primero como ocurre en el crowdfunding), con o sin contraprestación económica. En esta categoría hay ejemplos ya tradicionales como el alquiler de viviendas entre particulares (AirBnB y Couchsurfing), prácticas como el carpooling (Blablacar y Amovens), el crowdfunding (Goteo, Verkami) o la compraventa y alquiler de objetos de segunda mano (eBay, Wallapop o Relendo).

Frente a los modelos colaborativos, el estudio indica que en la economía bajo demanda se establece entre los usuarios una relación comercial. Y engloba aquellos modelos de consumo y provisión de servicios en los que la plataforma actúa de nuevo como intermediaria, pero ahora entre un profesional, que presta el servicio, y un consumidor (B2C). “En este caso, es habitual que haya una contraprestación económica y ánimo de lucro, y se les tiene que aplicar la normativa mercantil (el profesional deberá cumplir con las normas de derecho de consumidor y el alta de la seguridad social si hace falta, aunque en el ámbito laboral o fiscal hay muchos cuestiones sin resolver)”. En este grupo entrarían los servicios proporcionados a través de plataformas como UberX o Cabify, UberEats o Glovo (reparto) y Etece (microtareas).

Por último, el informe no clasifica como economía colaborativa prácticas como el carsharing y el coworking sino que las considera economía de acceso. El estudio aclara que, en este caso, la actividad de la plataforma no es la de intermediación propia de un prestador de servicios de la sociedad de la información sino que es la empresa la que proporciona el servicio y “pone a disposición de un conjunto de usuarios unos bienes para su uso temporal, adaptándose al tiempo de uso efectivo que requieren dichos usuarios y flexibilizando la localización espacial de los mismos”. Es lo que hacen Bluemove o Car2Go, que permiten compartir un coche, propiedad de la empresa titular de la plataforma, entre varias personas de manera no simultánea. Y lo mismo sucede con los espacios de coworking que permiten alquilar zonas de trabajo por periodos de tiempo.

“De este modo, si es el usuario el que realiza la actividad dentro de la plataforma, el reto es delimitar cuál es su papel y cuándo pasa de ser un particular a un profesional, según aspectos como la regularidad de la actividad, o si esta tiene o no ánimo de lucro”, dicen.

El documento de Adigital y Sharing España concluye con una serie de recomendaciones entre las que se encuentra delimitar cada uno de los puntos tratados y fijar límites de ingresos que determinen cuándo existe ánimo de lucro. “La economía colaborativa necesita un estudio detallado y adecuado a cada caso por parte de la Administraión”, señala Zimmermann. Para la redacción del estudio han sido consultadas la subdirectora de Estudios de la CNMC, María Sobrino, y la especialista en consumo responsable de la OCU, Amaya Apesteguía.

Sección Tecnología | Cinco Días

La banca solo cobrará si hace todo esto por sus clientes

El Gobierno ha comenzado el proceso para adaptar la legislación española a la segunda edición de la directiva europea para que los mercados funcionen mejor, que deberá estar en vigor en enero de 2018. La banca solo podrá cobrar “incentivos” cuando aporte valor añadido.

La segunda directiva europea para que los mercados funcionen mejor (Mifid 2) está ya en el horno legislativo español. La norma fue aprobada en junio de 2014 y en principio debía haber entrado en vigor este enero. El objetivo era sustituir la primera edición, que entró en vigor a finales de 2007. Pero varios países solicitaron el retraso, ante las peticiones de la industria, que quería más tiempo para adaptarse al nuevo escenario.

El tiempo ha ido pasando y la fecha límite para que los países de la UE la adapten a sus respectivas legislaciones vence el 3 de julio. La misión es que esté completamente operativa en enero de 2018.

Economía ha puesto a consulta el anteproyecto de la ley –puede consultarse en la web de CincoDías, que requerirá además de varios reales decretos y una avalancha de circulares por parte de la CNMV. Entre los nuevos poderes que la norma otorgará al supervisor que preside Sebastián Albella está el de “suspender la comercialización o venta de instrumentos financieros” cuando se cumplen determinados requisitos.

Pero la gran preocupación de las entidades financieras está en la percepción de “incentivos” por la comercialización de productos financieros. Entre enero y junio, las gestoras de fondos de inversión cedieron a los vendedores el 65% de los 1.096 millones que ingresaron por comisiones. En unos meses, tendrán que afinar el ingenio para poder seguir recibiendo esos incentivos. En los servicios de asesoramiento independiente, estarán totalmente prohibidos. Las firmas deberán facturar directamente al cliente por sus consejos. Tampoco se permitirán los cobros en la gestión discrecional de carteras.

En el resto de los casos, la trazabilidad de lo que el cliente pagará deberá ser total y se permitirán incentivos, pero con condiciones. Estarán justificados si “no benefician directamente a la empresa receptora, sus accionistas o empleados sin un beneficio tangible para el cliente en cuestión”. Este deberá disfrutar, además, de “la prestación de un servicio adicional o de nivel superior”.

Fuentes financieras señalan, por ejemplo, que un valor añadido sería que se ofrezcan varios productos, también de terceros no solo propios, y que se comparen sus características. También se permitirá, cuando se preste asesoramiento dependiente, cuando la entidad realice un seguimiento de la idoneidad del producto. Fuentes del Tesoro señalan que ese listado puede ser ampliado o restringido. Economía está recogiendo opiniones, tanto del sector financiero como de los supervisores. La banca deberá idear fórmulas para seguir recibiendo esos ingresos.

“Es razonable pensar que se deje cierta libertad a las entidades en base a lo dispuesto en la directiva delegada sobre qué supuestos estará permitido el cobro de incentivos si se prueba la mejora de la calidad del servicio al cliente; pero, previsiblemente, no será una lista cerrada”, señala Enrique Fernández Albarracín, socio responsable de regulación financiera de EY Abogados. El escenario más lógico es que el supervisor lo permita siempre que tenga constancia de que la entidad está prestando un valor añadido de forma efectiva en el marco de la comercialización; en cambio en asesoramiento puede haber un enfoque mucho más restrictivo, explica este experto.

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Té matcha, el alimento del que todo el mundo habla

Era uno de los secretos mejor guardados de Japón, pero la globalización es imparable, también para el té matcha. En el país del Sol Naciente se ha bebido este tipo de té desde el siglo XII, y anteriormente también se consumía en China, donde se establecieron los elementos clave de su producción, ya en el siglo VIII. Fueron los monjes chinos zen los que empezaron a moler las hojas en un mortero para luego mezclar el polvo con agua caliente. El batido de las hojas de té verde se convirtió en una pieza clave del ritual diario zen budista.

En Japón lo introdujo un monje japonés, Myoan Eisai, que lo descubrió en China a finales de la década de 1180, y viajó a su país con unas pocas semillas de esta planta. El matcha “es el elixir de los inmortales”, decía. A la vez que introdujo el budismo zen en Japón, promovió el consumo de matcha, que él consideraba una bebida importante para la meditación. Al final, los chinos cambiaron y prefirieron beber otros tés (oolong, pu-erh, negro), mientras que los japoneses se engancharon al té verde, convirtiendo el disfrute de esta bebida en todo un ceremonial.

Los monasterios zen en Japón adoptaron el movimiento matcha cuando los monjes comprobaron que los largos periodos de meditación se hacían más llevaderos cuando tomaban este tipo de té. Pronto traspasó los muros del silencio y empezó a formar parte de la vida cultural y artística de los nipones. Hacia finales del siglo XVI, gozaba de una gran popularidad en el país. Y fue en Kioto donde arrancó de verdad la producción de este tipo de té. A su favor tenía el clima, ya que es una región con pocas heladas y un viento suave pero constante. Hoy día, tal y como se señalan Louise Cheadle y Nick Kilby, fundadores de la empresa Teapigs y autores del libro El libro del té matcha (Libros Cúpula), la zona del sureste de Kioto es la más reconocida en cuanto a la calidad del producto que allí se recoge.

A Europa este tipo de té llegó en el siglo XVI, de la mano de los comerciantes holandeses que fueron a hacer negocios al país del Sol Naciente. Sin embargo, el Viejo Continente, al igual que China, eligió consumir otro tipo de tés. Dicen los expertos que es el alimento del siglo XXI, siguiendo las costumbres de los japoneses que han incorporado el té verde matcha a sus hábitos alimenticios, tanto en bebidas como en gastronomía. Se trata de un té fuerte, elaborado exclusivamente de hojas de té verde, la camellia sinensis, con un alto contenido en flavonoides naturales.

Una de las razones por las que es tan beneficioso para la salud es porque los arbustos se cultivan a la sombra, lo que aumenta su contenido en clorofila, que es lo que le confiere el color verde tan intenso. Las hojas se recolectan a mano y los tallos y los nervios se retiran, para proceder a molerlo hasta obtener un polvo muy fino.

Sigue siendo uno de los tesoros de Japón, aunque cada vez se consume más en todo el mundo, pero no solo como bebida sino como ingrediente en la alta cocina. Y va camino de convertirse en un producto de consumo masivo: sirva como ejemplo que Kit Kat y Oreo ya elaboran galletas y chocolates con té matcha

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